El fiscal general recusa a los magistrados del Supremo que decidirán sobre su continuidad

Los cuatro magistrados afectados por esta petición de García Ortiz son los integrantes de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso: el presidente Pablo Lucas (responsable además del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia), Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herreros y José Luis Requero. Este último ha llegado a calificar de «apesebrado» al fiscal general en un artículo de opinión escrito en noviembre pasado en La Razón.

El incidente de recusación presentado a título particular por García Ortiz supone que se desprende de la defensa de la Abogacía del Estado por razón de su cargo. El motivo de esta petición, además, se centra en el hecho de que según el solicitante los cuatro magistrados le acusaron de «desviación de poder» en una sentencia de noviembre pasado. En concreto, en la resolución que anuló la propuesta que hizo para nombrar a Dolores Delgado, su antecesora en el cargo, fiscal de sala de lo Militar del Tribunal Supremo. La máxima categoría en el Ministerio Público.

Esta mención de la Sala sobre un supuesto abuso de poder fue utilizado por el Partido Popular para acudir a la vía penal y querellarse contra el fiscal general por un delito de prevaricación. Sin embargo, la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal decidió en abril pasado inadmitirla y, por lo tanto, archivarla por la falta de indicios delictivos. En el mismo auto los integrantes de esta sala, con el presidente Manuel Marchena a la cabeza, recordaron que «no cabe trasladar de forma automática» la desviación de poder que vieron sus colegas «al ámbito penal del delito de prevaricación». Del mismo modo, rechazaron que se hubiera producido un nombramiento ilegal.

Ahora, y solo 24 horas después de conocerse que el mismo tribunal de la Sala de lo Contencioso también ha anulado la designación de Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos, sale a la luz el movimiento de García Ortiz para apartar a los cuatro magistrados, adelantado por el diario digital 'El Independiente'. Se trata de los mismos jueces junto a Pilar Teso (que se ha incorporado a posteriori a la sección cuarta en sustitución de Celsa Pico) que ya examinan el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación y que deberán decidir si continúa o no en el cargo.

En caso de que los magistrados recusados decidan no apartarse, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en su artículo 227, contempla que será la conocida como 'Sala del 61' la que tendrá que pronunciarse sobre la petición planteada por García Ortiz. Este órgano especial cuenta con 15 magistrados: el presidente interino del Supremo Francisco Marín Castán, los presidentes de cada una de las jurisdicciones, los cinco magistrados más antiguos de las mismas y los cinco que se han incorporado de forma más reciente.

El recurso en cuestión lo presentó en febrero pasado la APIF, bajo la dirección del fiscal del Supremo Salvador Viada, contra el real decreto por el que el Gobierno renovó a García Ortiz al considerar que «no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España», por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022 en sustitución de Delgado, quien dimitió por razones de salud.

La asociación lo justificó precisamente en la anulación del prirmer nombramiento de Delgado e incidió en que una vez que fue renovado por el Ejecutivo decidió «privar» al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía. También recalcó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opuso a su renovación al no considerarlo idóneo para el cargo.

Además, hizo hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio. Un requisito que, para APIF, si bien sí podría cumplido García Ortiz «decae desde el momento que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento (jurídico)».