García Castellón reclama 120.000 euros a Belarra por llamarle «corrupto» y prevaricador»

El veterano juez considera que ese tuit ha vulnerado «flagrantemente» su derecho al honor porque se trata de una publicación «claramente dirigida a menoscabar su honor de forma vejatoria», que además «atenta gravemente contra su persona y contra su carrera profesional que, como es bien sabido, ha sido en todo momento intachable».

La oficialización de esta demanda por «difamación» ante el Supremo por la condición de aforada de Belarra, no hizo cambiar ni un ápice la postura de la diputada morada, quien este viernes reiteró los ataques al exinstructor del tribunal de la calle Génova. «García-Castellón no tenía ganas de jubilarse y continúa la guerra sucia judicial contra Podemos. Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para perseguir a los adversarios políticos de la derecha, es corrupción, con o sin condena», reiteró la parlamentaria, también esta vez desde el antiguo Twitter.

Sin embargo, la querella del exmagistrado sostiene que las afirmaciones hechas en la popular red social por Belarra en septiembre «exceden el umbral de protección de la libertad de expresión, pues no se limitan a una crítica legítima, sino que constituyen un ataque directo y personal a la integridad y reputación» de él, «con expresiones que carecen de una relación razonable con la crítica legítima y que son desproporcionadas e innecesarias para transmitir cualquier finalidad informativa».

«No cabe duda de que las expresiones empleadas por Belarra carecen de interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas», insiste, para añadir que la protección del derecho al honor debe prevalecer en este caso sobre la libertad de expresión, ya que «la Constitución no reconoce un supuesto 'derecho al insulto', lo que claramente queda fuera del ámbito de protección constitucional».

La defensa de García Castellón señala que el mensaje de Belarra provoca que «sea en la actualidad objeto de burla de numerosas personas». En este sentido, adjunta varios comentarios de usuarios que, al hilo de la publicación, le tachaban de «mamarracho» y le deseaban una «jubilación triste, larga, dolorosa».

«Tal y como puede apreciarse en la publicación, esta ha alcanzado las 662.000 visitas. Además, cuenta con más de 6.000 'me gusta', 3.000 interacciones 1.000 comentarios, de entre los que encontramos multitud de vejaciones, insultos y desprecios hacia Manuel García-Castellón», indica la demanda de a defensa del extogado.

El exjuez resalta toda esta campaña le ha ocasionado «graves perjuicios, alterando su tranquila y apacible retirada vida actual, así como menoscabando su salud toda vez que todas las acciones y decisiones como miembro del Poder Judicial español han ido encaminadas a salvaguardar la imparcialidad que le es requerida para impartir la justicia», alega.

«La publicación de la Sra. Belarra -y los comentarios derivados de la misma- son completamente inaceptables, además de inciertos, dada la intachable carrera del Sr. García-Castellón que, durante los mas de cuarenta y cinco años --concretamente cuarenta y siete-- de ejercicio profesional, no ha tenido tacha alguna en su expediente», incide.

Su defensa destaca la «impecable carrera judicial» del exjuez, que «durante toda su trayectoria profesional ha sido independiente e imparcial, juzgando con prudencia y con conocimiento de causa y del Derecho bajo la conciencia social, la racionalidad, equidad y razonabilidad, destacando su compromiso personal de formación continuada en las diferentes materias que se le presentaban, siendo por todo lo antepuesto desmerecedor de tales infamias».

Al respecto, recuerda que García Castellón ejerció también como juez enlace en el extranjero, en París y Roma, durante muchos años y ha recibido diversas distinciones y premios, como la encomienda de Isabel la Católica, la de Legión de Honor del Gobierno de Francia y el Premio Puñetas de Plata de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).

Además de la indemnización por daño moral, pide que se condene a la exministra a que difunda el contenido de la sentencia en su perfil de la misma red social en la que difundió el mensaje, o en otro medio con semejantes características.