García Castellón responde a Suiza que Tsunami no es un caso político y ve «inadmisible» valorar la amnistía

En una resolución conocida este miércoles, el magistrado responde a la Oficina Federal de Justicia de Suiza en duros términos. Afirma que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial cuando se alude a las supuestas «motivaciones políticas» de una causa en la que se investiga un delito de terrorismo.

García Castellón explica que, desde el pasado noviembre, fecha en la que se cursó la primera comisión rogatoria al país helvético, también rechazada, se solicitó también una reunión de coordinación en el marco de Eurojust con carácter urgente con la voluntad de aclarar las cuestiones relativas de auxilio judicial de la Audiencia Nacional, sin haber obtenido respuesta hasta ahora.

Este silencio, según el juez, resulta «particularmente extraño» atendiendo la confianza recíproca que suele caracterizar la cooperación entre ambos Estados. «Se desconoce la razón por la que no se ha efectuado hasta el momento la reunión solicitada por este instructor, pero debe recordarse que la experiencia demuestra que la mejor manera de obviar comunicaciones reiterativas, referencias a noticias de prensa o equívocos es la comunicación directa entre las autoridades competentes», señala.

El magistrado reitera la necesidad de materializar esa reunión de coordinación y, mientras tanto, responde en su auto a las cuestiones planteadas en su escrito previo por las autoridades de Suiza. Considera que es «llamativa» la solicitud de explicación sobre las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic y con la investigada Marta Rovira. Y recuerda que, en el Reino de España, así como en las democracias de la UE, la función de los jueces «es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».

Con cierta sorna, el juez que se jubilará en octubre al cumplir los 72 años añade que el Poder Judicial es independiente al legislativo y al ejecutivo y que, por tanto, «no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar».

Del mismo modo, indica que en la comunicación recibida por las autoridades de la Confederación Helvética se insta a este instructor a dar «explicaciones» sobre una ley que «se está preparando» y de la que ha tenido conocimiento «por la prensa». Una petición que considera «manifiestamente inadmisible».

Además, subraya que, en un Estado con poderes separados, no corresponde a los jueces formular opiniones consultivas sobre leyes en trámite, ni hipótesis sobre normas no publicadas ni en vigor, tal y como, «de buen seguro», ocurre en Suiza. Este magistrado, advierte, «desconoce cualquier cuestión relativa a la norma citada en la comunicación, y tampoco alcanza a advertir qué interés puede tener para quien atiende a una solicitud de naturaleza jurisdiccional interrogar sobre una hipotética norma no aprobada».

Como corolario a esta singular solicitud, replica García Castellón, «debe subrayarse en la respuesta a Suiza la incongruencia que se advierte en la redacción de la petición, pues, de un lado el remitente refiere un pretendido trasfondo político de la solicitud de cooperación judicial y simultáneamente se interesa llamativamente sobre una cuestión de naturaleza eminente política ajena al estricto marco jurisdiccional en que debe ventilarse esta clase de solicitudes».

Por este motivo, añade que «semejante incoherencia podría hacernos pensar que el sesgo político más bien atiende a la voluntad del responsable que recibe la comunicación. Puesto que se plantea una cuestión que nada tiene que ver con la función de este instructor, la respuesta no puede ser otra que abstenerse de consideración alguna».

En relación con la petición de localización de Marta Rovira, el juez explica que ha acudido a la vía de la cooperación judicial pues al tratarse de recabar información sobre el domicilio de una persona que afecta a un derecho fundamental reconocido en la Constitución ha entendido que el instrumento que ofrece mayor garantía es la cooperación judicial y no la vía policial, como le recordaron las autoridades suizas.

Respecto a la petición de información bancaria, el juez precisa que se fija hasta junio de 2020 porque es la fecha en que se tiene conocimiento de la voluntad de perpetrar actuaciones por parte de Tsunami Democràtic. Explica que la actuación de este grupo u organización no se circunscribe a un solo acto, como se describe en la comisión rogatoria remitida, sino que abraza diversas acciones, que se ven interrumpidas por la crisis sanitaria de principios del año 2020, y que tratan de reactivarse, sin éxito, a mediados de ese curso.

En otra resolución, García Castellón ha pedido el informe de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo que se mostraron a favor de investigar al expresidente catalán Cares Puigdemont por terrorismo, y en el que le señalan como «líder absoluto» de la plataforma por su «patrocinio intelectual y ético». Un informe, no obstante, que no es vinculante para la posición final que adopte la Fiscalía sobre la exposición razonada que el propio juez ha enviado al Supremo para abrir causa al eurodiputado.