Los investigados por terrorismo en el 'caso Tsunami' plantan al juez García Castellón

En cambio, sí lo hizo la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, su compañera Marta Molina, que ha sido acompañada por un nutrido grupo de políticos, entre ellos Oriol Junqueras o Pere Aragonès. La investigada ha asegurado al juez que Tsunami fue un movimiento pacífico que no incitó a la violencia y «mucho menos» a cometer actos terroristas.

Así lo ha confirmado su abogada, Marina Roig, en declaraciones a los medios desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona, explicando que en su declaración Molina ha asegurado que todos los mensajes que envió la plataforma independentista fueron «llamadas a la no violencia y a la desobediencia civil».

Según su letrada, la dirigente de ERC ha insistido en que lo único que se alentó fue a una «movilización pacífica de la ciudadanía». «Por tanto ha defendido que no fue un movimiento violento y mucho menos terrorista», ha añadido, señalando que Molina ha detallado que «jamás ha emitido ningún comunicado o ningún mensaje invitando a la violencia».

La abogada ha incidido en que Molina ha detallado además que los mensajes que se lanzaron en el otoño de 2019, cuando se produjeron los disturbios que se atribuyen a Tsunami, «invitaban a la ciudadanía a una protesta pacífica en el marco de una estrategia no violenta».

Por último, su defensa ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el juez haya «cambiado de opinión de repente» y haya citado a los investigados a pesar de que dijese «a principios de abril» que no se lo planteaba. «Las razones que tenga las desconozco», ha añadido Marina Roig.

Por su parte, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha confirmado en declaraciones a la prensa a su salida de la Audiencia Nacional que Molina ha justificado «su actividad como activista y pacifista» y que su conocimiento de Tsunami se limitaba a los que conoció a través de los medios. Vox ejerce la acusación popular en la causa.

La citación de la dirigente de ERC ha sido la única que se ha hecho efectiva a pesar de que, inicialmente, el juez llamó a declarar a sede judicial a la secretaria general de su partido, Marta Rovira, o al jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. También al exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; el considerado tesorero de Tsunami Jaume Cabani y el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra.

El magistrado podría ahora emitir una orden de busca y captura por iniciativa propia, o bien podrían ser las acusaciones particulares las que se lo solicitasen. Todo ello en la causa en la que García Castellón investiga el supuesto papel de la plataforma independentista en los disturbios «de carácter terrorista» que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a prisión a los líderes del 'procés' en octubre de 2019.