Los empresarios se suman a la oposición a la amnistía y agravan la presión sobre Sánchez

El contundente pronunciamiento del máximo responsable de la CEOE, quien constató que la amnistía no está hoy en la Constitución apelando, al tiempo a los acuerdos entre «los grandes partidos» del país, llegó apenas tres días después de que ejerciera de anfitrión en la presentación de las prioridades de la presidencia española de la UE que protagonizó Sánchez el viernes ante el empresariado. El presidente en funciones, que reaparecía tras contagiarse de covid, aprovechó la cita para prometer que se entregará «en cuerpo y alma» a buscar su investidura dentro del terreno de juego constitucional. Si Garamendi le anticipó a su invitado sus impresiones de este lunes, quedó reservado para la privacidad del encuentro. Pero lo que sí dejaron ver ambos fueron imágenes distendidas, después de meses de desencuentros por las políticas económicas del Gobierno.

Esos gestos han quedado en eso, en gestos, una vez que el responsable de la CEOE ha sumado al empresariado representado por ella a la catarata de voces que, desde ámbitos distintos y plurales, vienen advirtiendo a Sánchez con mayor o menor rotundidad del disgusto que les suscita la posibilidad de la amnistía y de las consecuencias que tendría para la entereza del Estado de derecho transigir con las exigencias del expresidente de la Generalitat fugado en Waterloo. Ni la oposición de Feijóo, líder de la formación más votada el 23-J, ni los avisos de dirigentes históricos del PSOE han hecho mella en la determinación de Sánchez de buscar los apoyos para la investidura «hasta debajo de las piedras». Pero el 'por ahí, no' de Garamendi traspasa las lindes de la liza partidaria para adentrarse en el terreno sensible de los agentes sociales.

El empresariado se resintió severamente ante el impacto de los largos prolegómenos y la abrupta culminación, con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la fallida declaración unilateral de independencia posterior, del intento de ruptura con España lanzado por el soberanismo. El año pasado, el balance del lustro transcurrido desde aquellos acontecimientos dejaba la huella de 8.000 compañías de diferente tamaño huidas de Cataluña, frente a la mitad que han entrado en la comunidad en este tiempo convulso, según los datos del Colegio de Registradores. El mayor volumen de salidas se registró, precisamente, en torno a los meses del frustrado proceso de desconexión de la España constitucional, con dos de notoria significación por su arraigo económico y social: CaixaBank y Sabadell.

Al cúmulo de circunstancias que condicionaron la actividad empresarial y que planean ahora sobre el posible borrado de los delitos atribuidos a los encausados por el 'procés', con Puigdemont reafirmándose en que lo volverá a hacer si lo cree preciso, se añade un factor más personal que confiere una relevancia singular a las palabras de este lunes de Garamendi. En junio de 2021, Sánchez encontró un inesperado espaldarazo en el presidente de la patronal cuando éste avaló la entonces polémica concesión de los indultos a Oriol Junqueras y el resto de políticos condenados si servían para «normalizar» la situación en Cataluña. Aquella declaración le costó a Garamendi unas infrecuentes lágrimas públicas por la tensión del momento y una notoria tirantez con el entonces líder del PP, Pablo Casado.

Este lunes, tras reunirse con Feijóo en otro ambiente, el presidente de la CEOE dejó claro que la amnistía supone un paso cualitativamente más gravoso. «¿Estamos de acuerdo? No», se pregunto y respondió él mismo ante los periodistas para que no cupieran dudas. El mismo día en el que el PNV certificaba que no investirá al jefe de filas de los populares, el empresario vasco hizo un canto a los valores de la Constitución del 78 y a la Monarquía parlamentaria al frente de un país entre las veinte democracias más avanzadas del mundo y recetó «moderación, moderación y moderación». El paso previo a abogar por el entendimiento entre el PSOE y el PP.