Francisco Correa, el cabecilla que se embolsó más de once millones de euros gracias al PP

El fallo afirma que en ese periodo sus empresas recibieron 8,4 millones de contratos públicos amañados, generando un importante perjuicio a las entidades públicas, por cuanto el precio del servicio que les fue prestado «era mayor que el normal de mercado, por el superior margen de beneficio de las empresas de Correa y porque incluía como coste la comisión abonada para obtener las adjudicaciones». Además, la sentencia recoge que Correa ingresó 2.850.000 euros en concepto de comisiones por intermediar en favor de empresas ajenas a su grupo.

La sentencia hace un repaso de toda la trayectoria profesional de Correa y de cómo en la década de los 90 comenzó a trabajar en temas puntuales para el PP en temas de marketing para acabar, gracias a su amistad con Bárcenas y Jesús Sepúlveda, creando a finales de esa década «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, que llegaron a conseguir «parasitar» estas administraciones.

«Esta intensa relación negocial de Correa con el Partido Popular cesó respecto de la organización central o estatal del partido en el año 2004, pero trasladó su actividad a otras comunidades autónomas que seguían gobernadas por el mismo Partido Popular, singularmente, aunque no únicamente, la Comunidad Valenciana, lo que se produjo hasta el año 2009, en que se desarrolló la operación policial y judicial que dio lugar a la detención de los principales implicados en los hechos», apunta el fallo.

La resolución también describe con detalle la forma de actuar de las empresas de Correa para el saqueo de los fondos públicos. Por un lado estaba «el inflado de precios que se cobraban de las distintas administraciones públicas afectadas». Un sobrescoste cuya finalidad era «la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público». Pero no solo, Correa también se hacía con comisiones cuando la adjudicataria eran «terceras empresas». Unas mordidas -afirma el fallo- que luego se repartían entre el Grupo Correa y «las autoridades o cargos públicos electos o designados corruptos». Políticos «que recibían cantidades de dinero en metálico, pero también mediante otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esa trama, como eventos, viajes, fiestas o celebraciones, de las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares», apunta el tribunal.