Fracasan los planes de Interior para «desradicalizar» yihadistas en las cárceles

La envergadura del problema ha sido reconocida por Instituciones Penitenciarias en un respuesta el pasado viernes al senador de Bildu, Jon Iñarritu. Interior admite sin ambages que solo diez presos encarcelados por terrorismo yihadista han participado en el Programa de Desradicalización que prisiones puso en marcha el 25 de octubre de 2016 con el objetivo de rehabilitar a los internos yihadistas y en el que se conminaba a los responsables de las prisiones a no tirar la toalla en la reeducación por difícil que pareciera el reto.

Este plan de choque, al que Interior denominó «Programa de Intervención y Tratamiento de Procesos de Radicalización Religiosa», se basaba en el temor de que las decenas de presos condenados por yihadismo y de reclusos comunes radicalizados que estaban a punto de recuperar su libertad, en muchos casos volvían a la calle más integristas que cuando entraron. El programa pretendía ir más allá de los planes antiyihadistas puestos en marcha en 2014 y 2015 y que se habían centrado en extremar el control de los internos radicales para evitar que hicieran proselitismo entre otros reclusos o dieran órdenes desde las cárceles.

Pero nada. Según los datos de Interior, de los 146 presos yihadistas (90 preventivos y 56 penados) que están repartidos por 28 cárceles de la península y Baleares, solo una decena ha participado en ese programa.

Tampoco los dos precedentes, los planes para evitar la captación de presos comunes, parecen que estén funcionando a la vista de las informaciones recién enviadas al Senado. Por primera vez, Interior da datos oficiales sobre el proselitismo en las cárceles. En la actualidad son 79 los presos comunes bajo control por haberse «apreciado indicios de los que se pudiera deducir que ha comenzado su radicalización» por parte de «líderes radicales». Y la cifra no disminuye, solo fluctúa. En 2014 y 2015 eran 59 los internos comunes monitorizados; en 2016 fueron 95; y en 2017, 76.

Ante esta situación, Interior ha puesto en marcha a mediados de febrero una nuevo «instrumento», hasta ahora desconocido, para la «evaluación del riesgo de radicalismo violento». La orden de servicio 3/2018 revela que se va a someter a los presos sospechosos a evaluaciones semestrales por parte de un órgano colegiados de expertos. A estos exámenes serán sometidos por separado los tres grupos de presos yihadistas: El colectivo «A», el de mayor riesgo está formando por los encarcelados por actividades yihadistas. Son internos con «ideología radicalizada» y con «fuerte arraigo de valores de ideología extremista». En el grupo «B» están «líderes captadores» dentro de las prisiones que, aunque no fueron encarcelados por yihadismo, hacen «proselitismo» y «captación». El «C» es el de presos, también comunes, «radicalizados o en proceso de radicalización».