Forcadell sale de la prisión tras pagar su fianza de 150.000 euros

La ANC forma parte de las entidades civiles independentistas que han recibido dinero público de la Generalitat y cuyo presidente, Jordi Sánchez, se encuentra en prisión incondicional desde el pasado 16 de octubre por riesgo de fuga y reiteración delictiva, según el auto de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Forcadell, que no ha hecho declaraciones, sí ha publicado varios tuits en los que ha afirmado que sale de la cárcel con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: "Garantizar la libertad de expresión en el Parlament, sede de la soberanía nacional".

Ha asegurado también que la solidaridad que recibe ella y los demás investigados les hace "más fuertes, más libres y más dignos. Agradecimiento infinito. Sin palabras". Y se ha dirigido a los que siguen encarcelados: "No os olvidamos. Os queremos libres, os queremos en casa, os queremos con vuestras familias. Estamos con vosotros".

En un auto de tres folios, el magistrado del Supremo Pablo Llarena ha confirmado la excarcelación de Forcadell, que abandonará la prisión de Alcalá Meco hoy tras recibir de un funcionario del Supremo el requerimiento de las medidas cautelares que tendrá que cumplir: la retirada de pasaporte –su abogado ya lo hizo a primera hora de la mañana-, comparecencias en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el juzgado de su conveniencia y prohibición de salir del país.

El instructor valoró anoche, pese a la petición de cárcel incondicional planteada por la Fiscalía del Supremo, que la investigada se comprometiera a no salirse del marco constitucional en sus futuras actuaciones políticas. El mismo testimonio que los otros cinco querellados, a quien Llarena optó ayer por dejar en libertad bajo fianza de 25.000 euros a cuatro exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament -Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet (del PDeCAT) y Anna Simó (ERC)-, mientras que no adoptó ninguna medida cautelar contra Joan Josep Nuet (CSQP), el único de ellos que votó en contra de tramitar la declaración de independencia del pasado 27 de octubre.

La decisión del juez Llarena difirió de las peticiones realizadas por la Fiscalía del Supremo en la vistilla de medidas cautelares celebrada tras siete horas de declaraciones. En línea con las solicitudes realizadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el caso de los exmiembros del Govern, sus compañeros del Supremo pidieron prisión incondicional para Forcadell, Guinó, Corominas y Simó, eludible bajo fianza para Barrufet y libertad provisional para Nuet. Pero el magistrado rebajó de forma ostensible estas peticiones. Porque los investigados, comenzando por Forcadell, renegaron de la DUI y renunciaron a hacer política fuera del marco constitucional.

Con respecto a la petición de la Fiscalía de pedir una fianza de 6,2 millones de responsabilidad civil solidaria para los seis investigados, el juez denegó esta posibilidad porque no es el momento procesal oportuno para dirimir la cuantía supuestamente defraudada y esperará a que avance la instrucción para tomar una decisión al respecto. En esta causa se investigan delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Llarena, expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera y enmarcada en el sector conservador, consideró en el caso de Forcadell, cuya medida cautelar ha sido la más gravosa, que «presenta una actuación principal en los hechos que se investigan, tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso que contemplamos como por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido en cada uno de estos periodos».

El juez detalla que Forcadell, de 61 años y que anoche durmió en la prisión de Alcalá-Meco, donde se encuentran las exconsejeras del Govern Dolors Bassa y Meritxell Borrás, «ostentó la presidencia de la Asamblea Nacional de Cataluña, desde cuyo mandato perfiló, asumió y comprometió una hoja de ruta que pasaba por la concienciación y movilización colectiva», que vino seguido de su presidencia en el Parlament, en el que se perfiló el método para declarar la independencia.

Pese a ello, el magistrado valoró ayer los testimonios de los investigados, que hayan contestado a la Fiscalía, acatado los efectos de las aplicación del artículo 155 de la Constitución -que provocó la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones- y el interés que han tenido en rebajar los efectos de la aprobación de la declaración unilateral de independencia (DUI) el 27 de octubre.

Con respecto al artículo 155 aprobado por el Senado, el juez recuerda que los querellados «no es que hayan asumido la intervención derivada de la aplicación de este precepto, si no que han manifestado que, o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional».

Sobre el delito de rebelión, el instructor del Supremo manifestó que todos los investigados señalaron en sede judicial que «nunca» tuvieron la intención de desarrollar un proceso que englobara actos de violencia -el propio Corominas hizo referencia a un periodo de siete años sin violencia alguna-, pero añadió que muchos de ellos estuvieron presentes en el «asedio» de 40.000 personas a la comisión judicial de la 'operación Anubis', los pasados 20 y 21 de septiembre en Barcelona.

«La eventual consideración de que el comportamiento de los querellados no englobara una utilización instrumental de la violencia -concluye-, no excluiría la posibilidad de subsumir los hechos en el delito de sedición».