La Fiscalía del Supremo ya analiza la denuncia del PSOE a Abascal por un delito de odio

La tramitación de la denuncia contra el presidente de Vox tiene dos caminos: si el fiscal entiende que hay indicios delictivos se practicarán las pesquisas oportunas y se formulará querella ante la Sala Segunda (Penal) del Supremo, de lo contrario se archivarán las diligencias incoadas sin posibilidad de revisión o recurso.

El PSOE anunció ayer que llevaba a Abascal a la justicia por augurar en una entrevista en el diario argentino Clarín, durante su viaje a Buenos Aires a la toma de posesión del nuevo presidente Javier Milei, que llegará el día en que el pueblo quiera «colgar por los pies» a Sánchez por la ley de amnistía, haciendo un símil a la suerte que corrió el dictador fascista italiano Benito Mussolini, que fue apresado, fusilado y exhibido en la plaza de Loreto en Milán junto a su amante en abril de 1945.

La denuncia de los socialistas contra Abascal también incluye su papel en alentar los episodios de «asedio» al que han sido sometidas en las últimas semanas sedes del partido como la de la madrileña calle Ferraz y en las que han participado representantes de Vox.

El objetivo es que la Fiscalía adopte las decisiones oportunas si considera, como hace el PSOE, que estas conductas casan con las previstas en el artículo 510 del Código Penal, relativo a los delitos de odio, y que contempla penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

«Queremos que caiga sobre Abascal y Vox todo el peso de la ley y del Código Penal», explicó el martes el portavoz parlamentario Patxi López, quien alegó que es «intolerable en democracia» que produzcan «actuaciones de acoso, amenaza y ataque a las sedes y a las casas del pueblo socialista». A su juicio, estas actuaciones «inhabilitan» a quienes las promueven y, además de «consecuencias penales», deberían tener «consecuencias políticas». Por eso, volvió a emplazar al PP a romper «cualquier tipo de relación con esos odiadores profesionales».

En opinión de López, palabras como las de Abascal contra Sánchez pueden «servir para justificar acciones violentas contra los enemigos de España» que es como, según dijo, definen a los socialistas desde Vox.

En cualquier caso, los juristas consultados recuerdan que el delito de odio del 510 del Código Penal está muy tasado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y exige una serie de condicionantes para que pueda prosperar. A saber, que las expresiones inciten a la violencia y que la víctima sea algún colectivo o minoría protegida. Además, quien ocupa un cargo político o institucional está sujeto a la crítica pública a la hora de reclamar una protección reforzada de sus derechos frente a expresiones injuriosas o que proyecten odio.