La Fiscalía pide más datos para decidir si se suma a la querella de Gómez contra el juez por prevaricación

Una vez que el TSJM reciba toda la documentación requerida, la Fiscalía pide que de nuevo se les dé traslado para «informar sobre la naturaleza de los hechos y la procedencia o no de la admisión».

La institución que dirige el fiscal general Álvaro García Ortiz el pasado 11 de septiembre sí que se unió sin mayores trámites a la ofensiva judicial iniciada por el matrimonio Sánchez-Gómez, apoyando la primera demanda pidiendo la inhabilitación del titular del Juzgado de Instrucción 41, presentada por el propio presidente del Gobierno a finales de julio a través de los servicios de la Abogacía del Estado. Aquella demanda fue por prevaricación simple (no continuada), por un hecho concreto: impedir a Sánchez declarar por escrito como testigo en este caso, tal y como le permitiría la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora, el Ministerio Público, sin embargo, quiere tener acceso a todas las actuaciones para decidir si hace suyos los argumentos de Gómez y su abogado (el exministro socialista del Interior Antonio Camacho) en su querella presentada el pasado 2 de agosto porque la acusación es de una supuesta ilegalidad extendida en el tiempo (prevaricación continuada).

En su escrito, Gómez y Camacho acusaban a Peinado de poner en marcha una investigación «perversa», «prospectiva» y «rocambolesca». Una suerte de «causa general» contra la imputada, que es investigada desde el pasado abril por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En su demanda, la esposa del jefe del Ejecutivo denunciaba la forma «inusual y errática» de la que está haciendo gala el magistrado para investigar «toda la vida» de la imputada. Y es que el juez -argumentaba Camacho el pasado agosto- ha dictado resoluciones «manifiestamente injustas, injustificadas y sin amparo legal». Y todo ello -llegaba a asegurar la defensa de Gómez- con un ánimo espurio como sería «buscar un impacto político y social» o por un «desmedido afán de protagonismo mediático» del propio instructor. Según la defensa de Gómez, el punto álgido del «carácter aparentemente prevaricador» de esta instrucción de Peinado fue precisamente la citación en la Moncloa de Pedro Sánchez.