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El debate sobre la legalidad o no de la polémica ley de amnistía está provocando movimientos inéditos en el mundo judicial español, hasta el punto de traspasar líneas rojas antes nunca superadas. Por primera vez en la historia, la Fiscalía ha recusado a un ... magistrado del Tribunal Constitucional. El departamento que dirige Álvaro García Ortiz, que personalmente firma el escrito de 20 folios, ha pedido al pleno de la corte de garantías que aparte del debate y votación sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo contra la norma que borra los delitos del procés al vocal conservador José María Macías, ex integrante del Consejo General del Poder Judicial y recién incorporado al tribunal elegido por el Senado a propuesta por turno del PP. El Ministerio Publico alega que Macías no es imparcial, ya que se ha manifestado de manera pública en contra de la ley.
El hipotético apartamiento de Macías es un hecho trascendental vista la ajustada correlación de fuerzas actual en el Constitucional. Después de que la pasada semana el pleno aceptara la abstención voluntaria de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia de Pedro Sánchez entre 2020 y 2021, quien entonces ya efectuó «una valoración expresa y genérica sobre la inviabilidad constitucional de la ley de amnistía», el bloque progresista cuenta con seis vocales frente a los cinco del conservador. Pero en paralelo, tanto el PP como ocho ejecutivos y parlamentos de comunidades comandados por los de Alberto Núñez Feijóo han pedido que sean apartados el presidente Conde-Pumpido, con el argumento de que en su día fue fiscal general nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero; y Laura Díez, exalto cargo en la Moncloa con Sánchez.
De ser vetados el presidente y la vocal, ambos progresistas, habría una mayoría conservadora, que quedaría en empate si también se aceptara la inédita recusación de Macías por parte de la Fiscalía. De salir adelante esas tres recusaciones, el Constitucional no podría permitirse ni una sola baja más porque el mínimo para cualquier decisión son ocho vocales. Macías no tiene intención alguna de inhibirse al considerar que los criterios de recusación fijados por el propio TC en 2021 no cuadran en su caso.
En su escrito, sobre el que algunas fuentes creen que puede haber sido presentado fuera de plazo, la Fiscalía denuncia que el magistrado, «en su anterior condición de vocal del Consejo General del Poder Judicial, tuvo participación directa en determinadas actuaciones oficiales de dicho órgano constitucional que, por su objeto y finalidad, pero también –y especialmente– por su contenido, comportan una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica valoración de la ley de amnistía».
Macías, como cabeza visible de la mayoría conservadora, fue uno de los promotores del informe del CGPJ contra la amnistía, todavía no aprobada por entonces. Junto a ello, el vocal recusado afirmó en marzo en una mesa redonda en la Universitat Abat Oliva-CEU de Barcelona que la exculpación del 'procés' nace de «una realidad incómoda que nadie quiere reconocer», ya que su origen son «los votos que hacen falta para una investidura», en referencia al apoyo de Junts y ERC a Sánchez. «Los mismos señores que van a salir beneficiados de la amnistía son los que con sus votos la están sacando adelante», apuntó el hoy magistrado del Constitucional, quien zanjó que la norma que entró en vigor el 11 de junio es «inconstitucional».
El movimiento de la Fiscalía llega dos días después de que Carles Puigdemont recusara a Macías en la causa del 'procés' y anticipara que hará lo mismo, cuando toque, ante la deliberación de la amnistía en el Constitucional. Junts ha venido requiriendo de forma recurrente al Ejecutivo, antes y después de promulgada la ley llamada a exonerar el 'procés', que paliara las consecuencias penales más gravosas del 'procés' a través de la acción del Ministerio Público.
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