La Fiscalía recurre el registro a García Ortiz porque la UCO se llevó información «altamente sensible»

En su escrito, Sánchez Conde -que va directamente en apelación a la sala saltándose el recurso de reforma ante el propio juez- poco menos que acusa al instructor del caso, el magistrado del Supremo Ángel Luis Hurtado, de prevaricar. Afirma la fiscal que Hurtado «sin motivación alguna» ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautarse de «toda la documentación» almacenada en los dispositivos y correos de García Ortiz y Rodríguez en los últimos ocho meses a sabiendas de que era «información ingente, altamente sensible y relativa a una multitud de investigaciones penales en curso». Es más, según la Fiscalía, el juez dio esa orden «sabiéndose» que todo esa documentación «era por completo ajena a lo investigado en esta causa».

La pasada semana la UCO, que estuvo más de diez horas en dependencias de la Fiscalía General volcó, en el caso de García Ortiz, el contenido íntegro de sus dos teléfonos -el personal y el oficial- un portátil, un ordenador de mesa, una tablet y multitud de USB. Además, los agentes clonaron buena parte de los servidores y repositorios que dan servicio al cuartel general del Ministerio Público en la calle Fortuny de Madrid. Todo ello, en busca del rastro de los correos electrónicos desde los que supuestamente tanto García Ortiz como Rodríguez pudieron recibir y reenviar la segunda semana del pasado mes de marzo a personas ajenas al proceso los mails que se intercambiaron el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y el fiscal del caso, Julián Salto.

Este registro sin antecedentes (jamás antes en la historia judicial española se había allanado por orden judicial una dependencia oficial del Ministerio Público) se produjo solo minutos después de que el magistrado Hurtado comenzara oficialmente la investigación contra el fiscal general dictando un auto en el que incoaba las correspondientes diligencias previas.

La número 2 de la Fiscalía insiste en que la orden de allanar los despachos y copiar todos los dispositivos con información entre el 8 de marzo y el pasado 30 de octubre fue una «desmesurada injerencia», al margen de que el juez no dio «ningún razonamiento» para incautarse de tal cantidad de información que podría afectar a «un sinnúmero de investigaciones» abierta en la actualidad.

«Para la investigación de una presunta revelación de un correo (el que el abogado del novio de Ayuso remitió a Salto ofreciendo un pacto que librara a su cliente de la cárcel), cuya lesividad o perjuicio para la persona concernida es escasa o inexistente, se ha procedido a incautar toda la documentación almacenada electrónicamente en sedes oficiales, documentación de enorme trascendencia y cuya divulgación puede poner en peligro un sinnúmero de operaciones o investigaciones penales en curso, así como la agenda institucional del fiscal general del Estado, a sabiendas de la de la misma para la investigación objeto de esta causa y sin límite alguno», abunda el escrito de María Ángeles Sánchez Conde, quien se queja de que el Supremo ha «excedido con mucho» las diligencias solicitadas por la pareja de la presidenta, que simplemente pidió acceder a las cuentas de mails de García Ortiz, pero no a todos sus dispositivos.

El pasado 16 de octubre García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general imputado después de que Sala de lo Penal del alto tribunal acordara por unanimidad abrir una causa contra él por haber supuestamente filtrado a la prensa afín correos electrónicos de la causa, que vieron la luz antes de la publicación de la nota oficial con el membrete oficial del gabinete de prensa de la Fiscalía de Madrid en la que se informaba de varios datos secretos de esa causa.

Con ese comunicado (en el que el Supremo no vio delito porque todos los datos que contenía ya se había filtrado previamente supuestamente por el propio García Ortiz) la Fiscalía General del Estado quería desmentir las informaciones periodísticas que apuntaban a que había sido la Fiscalía la que había dado el paso de proponer un pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y no al contrario. En ese acuerdo, González Amador reconocía haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública en relación con el Impuesto de Sociedades por valor de 350.951 euros y aceptaba una pena de ocho meses de cárcel con multa de 489.330 euros. El fraude se habría cometido por el cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia.

La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de esa nota informativa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso del fraude fiscal en el que se le investiga. García Ortiz asumió en primera persona la inspiración del comunicado divulgado el pasado 14 de marzo en el que la Fiscalía confirmaba que había existido una negociación con González Amador para que eludiera una eventual pena de cárcel a cambio del reconocimiento del fraude y el pago de una multa.

El fiscal general siempre se ha escudado en que los datos de ese comunicado ya eran de dominio público por haber aparecido en prensa y que esa nota está amparada por la legalidad porque su objetivo era salir al paso del «bulo» -achacado al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez- de que habían sido los acusadores públicos del caso los que habían dado el paso de explorar una salida para la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.