La Fiscalía recurre el permiso a Urdangarin para hacer voluntariado

La andanada más dura del Ministerio Público es, sin duda, contra el argumento del juez Florencio de Marcos de que la labor de voluntariado servirá para aminorar los «efectos nocivos» del «absoluto aislamiento» al que preso está sometido en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila), sin contacto con ningún otro interno desde que ingresara en el centro el 18 de junio de 2018. La Fiscalía recuerda que fue el propio preso el que eligió ese centro. «El interno no está sometido a un régimen de aislamiento impuesto de modo forzoso por la administración penitenciaria, como reiteradamente se afirma en la resolución», apunta el escrito, que llega a insinuar que el magistrado de Vigilancia Penitenciaria describe una realidad totalmente alejada a la realidad.

 

«El señor Urdangarin ingresó voluntariamente y lo hizo escogiendo el centro penitenciario de Ávila con conciencia plena de las condiciones en las que se va a desarrollar el cumplimiento de la condena«, relata la acusación, que inste en que «no consta que haya solicitado en ningún momento traslado de Centro».

«Elegir un cumplimiento al margen del resto de la población penitenciaria implica sin duda una soledad que no tienen otros reclusos. Pero de los informes no se deduce que la situación haya provocado perjuicios detectables en la persona o la personalidad del penado«, insiste el escrito. »No existe informe médico o informe psicológico que afirme que el cumplimiento de la pena en soledad tal y como se está desarrollando esté produciendo efectos perjudiciales en el interno o causando su desocialización«.

Más bien, lo contrario. Dice la Fiscalía que su vida en Brieva es casi ejemplar: «está recibiendo visitas habitualmente», «ha realizado actividad física siendo reconocido su derecho al uso de aparatos distintos de los del centro , que no se ajustaban a sus necesidades físicas», ha «realizado tres talleres con «un aprovechamiento excelente» y está matriculado «en distintos cursos externos» a Brieva

Por tanto el Fiscal entiende que la situación objetiva que describen los informes no puede valorarse cómo se hace reiteradamente en la resolución de aislamiento social.

El Ministerio Público sostiene también que el juez de Vigilancia Penitenciaria nunca debió aplicar al exduque el artículo 117 del Reglamento Penitenciario, que regular «la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado».

Asegura que ese artículo «no es de aplicación por no cumplirse los requisitos legales» porque su voluntariado en el centro de discapacitados Hogar Don Orione «no tiene como contenido un programa específico de tratamiento».

Según la fiscal pucelana, el voluntariado del exdeportista en la residencia es «sin duda elogiable», pero no cumple con los objetivos que marca el reglamento penitenciario para este tipo de terapias en la calle para reclusos: «desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o profesionales, compensar sus carencias o abordar la problemática específica que pueda haber influido en su comportamiento delictivo anterior«.

La Fiscalía, al negar que pueda aplicarse a este caso el artículo 117, pide revocar los permisos de salida porque Urdangarin en «este momento no ha cumplido la cuarta parte de la condena»

El Ministerio Público recuerda que el interno está condenado a una pena total de prisión de 5 años y 10 meses y que el 28 de noviembre de 2019 cumplirá el 25% de su condena. Por ello, insta al juez a espera poco más de dos meses, cuando el recluso podrá optar al tercer grado.