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La Fiscalía de Madrid presentó este lunes ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid un recurso a la negativa del magistrado Peinado a que Pedro Sánchez declare por escrito en la causa en la que su mujer está imputada por corrupción en los negocios ... y tráfico de influencias.
La apelación 'in extremis' del Ministerio Público, que ya recurrió en su día la decisión de Peinado de citar al presidente como testigo en la causa contra Begoña Gómez, no va a alterar los plantes del instructor, que mantiene intacta su decisión de desplazarse este martes, junto a una comisión judicial, al complejo de la Moncloa para interrogar el jefe de Gobierno.
Y en esa toma de declaración de Pedro Sánchez va a participar Vox, según la última resolución de Peinado. El juez ha autorizado que la letrada de la formación de Abascal, Marta Castro, sea la única representante de la acusación popular que irá mañana a Moncloa en representación del resto de organizaciones personadas en esta causa. Además del juez, la acusación de Vox y los miembros de la comisión judicial, han sido ya convocados al complejo de la Presidencia del Gobierno, los abogados de los tres imputados en este procedimiento (Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Complutense Joaquín Goyache) y el Ministerio Fiscal.
El instructor, en esta última resolución dictada este mismo lunes, deja claro que «sin perjuicio de su excepcionalidad», la declaración de Sánchez «debe tener un tratamiento similar al de cualquier otra diligencia de investigación» y que no quiere problemas de última hora con la seguridad de Moncloa. Por ello, ordena a la responsable de seguridad del complejo María Marcos Salvador, para que dé instrucciones oportunas que permitan el acceso a todas las partes, incluida Vox, y a los técnicos de Madrid Digital que van a grabar toda la comparecencia.
El pasado viernes, Peinado, a través de una resolución de su sustituto porque estaba de permiso vacacional, rechazó la pretensión de Sánchez de no ser interrogado en persona, alegado que las preguntas iban a versar sobre su condición de marido de Gómez y no de presidente del Gobierno, por lo que no podía acogerse a la prerrogativa que la Ley de Enjuiciamiento Criminal da a ciertas autoridades a declarar por escrito cuando son citadas como testigos, pero por acusaciones no relacionadas con el cargo.
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«Es mi voluntad como no puede ser de otro modo, colaborar con la Administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española y la Ley que a todos nos vincula y que son la máxima garantía de nuestro estado de derecho», afirma Sánchez en un carta dirigida al magistrado que investiga a Begoña Gómez, firmada el pasado miércoles de su puño y letra en la que insistía en declarar por escrito.
El interrogatorio de Sánchez, que fue recurrido la pasada semana al 'alimón' por la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía, fue anunciado por Peinado el 22 de julio, después de que la mujer de Sánchez se negara a declarar tres días, pero sobre todo después de que el empresario Juan Carlos Barrabés, quien recibió más de diez millones de euros en adjudicaciones de la Administración central después de dos cartas de recomendación de la mujer del presidente, asegurara ante el juez el pasado 15 de julio en que en 2019 y 2020, cuando estuvo en Moncloa entre seis y ocho ocasiones ayudando a Gómez a montar su Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, al menos en dos ocasiones estuvo presente el presidente del Gobierno, aunque no precisó en qué condición.
La gran incógnita, una vez que el juez se ha negado a permitir a Sánchez declarar por escrito es si el jefe del Ejecutivo, en un interrogatorio cara a cara (sin la red de un testimonio preparado de manera sosegada con un equipo de juristas) se aviene a testificar de manera espontánea por hechos que podrían perjudicar a su propia mujer. El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento criminal establece, como norma general, que pueden estar dispensados de la obligación de declarar, si así lo quieren, los parientes más cercanos del procesado «incluido, obviamente, el cónyuge».
La número dos del PP, Cuca Gamarra, denunció este lunes que el presidente del Gobierno pueda estar utilizando la Fiscalía del Estado a modo de una abogacía familiar. La dirigente popular aludió a las sucesivas acusaciones sobre el máximo responsable del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, de parcialidad a favor del jefe del Ejecutivo. Gamarra denunció «la utilización, por parte del presidente del Gobierno, de todos los instrumentos del Estado a su alcance para protegerse él y proteger a su familia».
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