La Fiscalía reclama el ingreso inmediato en prisión de Millet, Montull y Osàcar

El Tribunal Supremo ratificó el pasado 30 de abril buena parte de las condenas impuestas en enero de 2018 por la Audiencia de Barcelona en el conocido como 'caso Palau de la Música', que juzgó, nueve años después de que se destapara el escándalo, a los que fueron máximos responsables de la entidad cultural, santo y seña del soberanismo catalán.

La Sala II del Tribunal Supremo confirmó la condena de 9 años y 8 meses de prisión, y una multa de 4,1 millones de euros, a Félix Millet. Su más estrecho colaborador, Jordi Muntull, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión y una multa de 2,9 millones de euros. El Supremo sentenció además que ambos deberán devolver 23 millones de euros a las estructuras del Palau cuyos fondos desviaron en provecho propio. La exresponsable financiera del Palau, Gemma Montull, hija de Jordi Montull, fue condenada a 4 años y el ex tesorero de CDC, Daniel Osácar, a 3 años y 6 meses

La Fiscalía pide ahora que se ejecute la sentencia y que los principales acusados del caso ingresen de manera inmediata en la cárcel. Asimismo, el Ministerio Público pide que se hagan los requerimientos oportunos para hacer efectiva la responsabilidad económica fijada en la sentencia, tanto relativa a la responsabilidad civil como al comiso de las ganancias obtenidas ilícitamente por Convergència. Así, fuentes del TSJC han apuntado que los magistrados de la sección 10ª, dada la situación del estado de alarma y plazos procesales suspendidos, continuan trabajando, afrontando prioritariamente las causas con persona en prisión (tal como se indica como servicio esencial) y avanzan en este caso, en la gestión de la citada ejecución dentro de sus posibilidades.

Recuerdan fuentes judiciales que las personas condenadas a pena de prisión en esta causa tienen fianzas consignadas (como es el caso de Félix Millet, con 400.000 euros, o de Jordi Montull con 100.000 euros), además de tener retirado el pasaporte y de constar embargado el patrimonio personal de los condenados y el de CiU desde la fase de instrucción de la causa.

Tanto Ciudadanos como el PSC han reclamado la comparecencia de Artur Mas en el Parlament para que dé cuenta de la condena a Convergència. La sentencia confirmó que Ferrovial pagaba comisiones del 4% a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública. CDC se quedaba el 2,5% y el 1,5% restante iba a parar a Millet y Montull.