La Fiscalía rechaza el tercer grado del Gobierno vasco al histórico etarra Fiti

La decisión final queda ahora en manos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Se trata de las primeras resoluciones de calado desde que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu asumió en octubre pasado las competencias penitenciarias. Según marca la ley, para acceder a esta medida es necesario, entre otros requisitos, colaborar con la Justicia y pedir perdón a las víctimas.

Este último punto ha generado controversia entre los distintos estamentos, ya que la última doctrina de la Audiencia Nacional dice que ese perdón no puede ser genérico, sino individual y personalizado a las víctimas -ya sean directas o familiares de asesinados- de sus atentados.

Arregi Erostarbe fue trasladado de la cárcel de Alicante a Asturias, para posteriormente recalar en la de San Sebastián. Tras ocho años preso en Francia, fue entregado a España para cumplir otros 30 años de cárcel por delitos de terrorismo y múltiples asesinatos. En junio de 2019 cumplió las tres cuartas partes de la pena, pero seguía en prisión.

Otro de los presos que ha recibido el tercer grado es Mikel Arrieta Llopis, quien cumple una condena acumulada de 30 años por los delitos de asesinatos, atentados, receptación y utilización ilegítima de vehículo a motor. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en julio de 2020. Rechazó la violencia y envió escritos en los que mostraba su respeto hacia el dolor de las víctimas.

Los otros seis son Egoitz Coto, Ignacio Garcéz, José Ángel Lerín, Francisco José Ramada Estévez, Ugaitz Pérez y Unai Fano. En el caso de Fano, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó a petición de la Fiscalía el tercer grado que en enero de 2021 le otorgó el Ministerio del Interior. Pero ahora el fiscal Carlos Bautista no aprecia motivos para oponerse.

La decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sobre la concesión de estos terceros grados se produce después de la renovación el pasado jueves de Jesús Alonso como jefe del departamento tras recibir el aval de la fiscal general, Dolores Delgado.