La Fiscalía ha rebajado dos veces la reclamación contable a Puigdemont por el 1-O

Esta fecha coincidiría con la negociación para una posible investidura de Pedro Sánchez si fracasa el intento de Alberto Núñez Feijóo. En este escenario, Junts, partido de Puigdemont, tendrá la última palabra para decidir si apoya con sus votos al líder socialista o se decanta por una repetición de las elecciones generales, que tendrían lugar el 14 de enero de 2024.

La vista, por lo tanto, que dirigirá la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas adquiere ahora una trascendencia inesperada después del resultado de los comicios del 23 de julio. Si bien la fallida proposición de ley, de marzo de 2021, que presentaron los partidos independentistas en el Congreso para amnistiar a todos los procesados por actos del 'procés' ya incluía esta causa contable, en este tiempo se han sucedido decisiones relevantes que han aliviado la situación de los expedientados.

Así, desde enero de 2022, con la llegada al tribunal del nuevo fiscal jefe Manuel Martín-Granizo, nombrado por la entonces fiscal general Dolores Delgado, se han producido dos rebajas de la cuantía que se reclama a los demandados. Cuando formalizó su denuncia, en abril siguiente, Martín-Granizo redujo los 9,5 millones de euros exigidos por el órgano fiscalizador al inicio del expediente a 3,4 millones: 2,2 por los gastos derivados por la promoción exterior del 'procés' y 1,2 por la organización del 1-O.

Y en diciembre de 2022 el fiscal jefe añadió una nueva rebaja por valor de 336.143 euros, al desistir de incluir el importe correspondiente a una campaña de publicidad llamada Civisme. En ese momento también se pidió apartar del procedimiento a los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull, condenados por el Tribunal Supremo en la causa penal del 'procés', así como a otras 14 personas. La petición fue estimada.

En suma, de los 9,5 millones iniciales por el desvío de fondos públicos para organizar y promocionar el 1-O la reclamación de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ha quedado en 3,1 millones. Además, la Abogacía del Estado renunció a presentar una demanda contra los presuntos responsables porque el perjudicado no fue el Estado, sino las cuentas de la Generalitat, según justificó el organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

Sobre las rebajas de la Fiscalía, fuentes jurídicas han explicado que en este tipo de procedimientos contables, más similares a los civiles que a los penales, la modificación de conclusiones de los demandantes está al orden del día, ya que las partes pueden pedir la revisión de cualquier partida bajo sospecha cuantas veces quieran. Están en su derecho.

Esta circunstancia abre la puerta a que incluso antes del juicio de noviembre se pueda reducir otras vez la cuantía que se les reclama o retirarse como parte demandante por «carencia sobrevenida de objeto». En este hipotético escenario quedaría viva la personación de Sociedad Civil Catalana, parte demandante, que reclama cinco millones de euros por los gastos derivados del 1-O. Por lo que sí habrá juicio.

En la lista de expedientados, que responderán conjunta y solidariamente a los 3,1 millones, están Puigdemont, Junqueras, Artur Mas, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva, Antoni Comín o Lluís Puig. Mientras no exista sentencia firme, todos ellos gozan de los avales concedidos por la Generalitat, por lo que no han tenido que adelantar la fianza de su bolsillo ni sufrir embargos preventivos. La Abogacía del Estado se mostró a favor y el Tribunal de Cuentas accedió.