Secciones
Servicios
Destacamos
La Fiscalía de Madrid ha denunciado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de esta comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta comisión de dos delitos fiscales al defraudar con su mercantil el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 ... y 2021; en total, casi 351.000 euros. La denuncia remitida a los juzgados de Madrid se dirige también contra otras cuatro personas físicas y ocho jurídicas, estas sociedades como responsables civiles.
El escrito relata cómo la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L., radicada en Madrid y administrada por González Amador, no tributó una cuota superior a los 120.000 euros en 2020 y 2021. En concreto, 155.000 euros en el primer ejercicio y 195.951 euros el siguiente, cuando ya salía con Díaz Ayuso.
El informe remitido por la Agencia Tributaria (AEAT) a la Fiscalía señala que la mercantil, al ser advertida por Hacienda en el marco de una inspección, «entregó unas facturas que no se corresponden con los servicios prestados» y que solo buscaban «minorar la cuota tributaria a satisfacer». Por ello, al no haber prescrito los hechos descritos, el Ministerio Público les imputa además a los cinco denunciados un delito de falsedad en documento mercantil.
Junto a González Amador, el resto de denunciados son Maximiliano Eduardo Niederer, David Herrera y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo, mientras que las sociedades señaladas son, además de Maxwell Cremona, Purpura Star S. L., Desarrollo de Cee el Manantial S. L., Ginmosur S. L., Bianconera Spa S. L., Bianconera de Servicios Profesionales S. L., Baluarte Desarrollo S. L. y Guyani LTD S. L.
Según la Fiscalía, González Amador era el administrador único de Maxwell Cremona, dedicada a la consultoría y gestión de servicios de eficacia energética. En mayo de 2022 Hacienda abrió diligencias para comprobar las cuentas de la sociedad «ante su incremento del volumen de negocio» en 2020 y 2021, en plena pandemia.
En esas pesquisas, la AEAT detectó que dicha mercantil, con el fin de eludir sus obligaciones fiscales, se dedujo «indebidamente» gastos por facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados. Estos documentos fueron girados por las empresas citadas antes.
Por ejemplo, en 2020 se dedujo una factura de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mike Manufacturing, pese a que no realizó ningún servicio a la empresa de González Amador. Ya en 2021 Maxwell Cremona se dedujo indebidamente otras facturas: una de 922.585 euros emitida el 1 de noviembre de ese año por la sociedad costarricense Gayani LTD, administrada por el querellado Maximiliano Niederer, y en el resto de meses hasta una decena más que fueron desde los 10.000 hasta los 20.000 euros.
La denuncia recoge que en el ejercicio de 2021 la sociedad de González Amador facturó varios servicios a su principal cliente, Quirónsalud, mediante una mercantil interpuesta sin vínculos con la sanidad, Masterman & Whitaker S. L., de la que es socio único. Para la Fiscalía, esta sociedad carece de medios materiales para prestar los servicios. El denunciado –prosigue– solo buscaba con ese entramado societario reducir su obligación fiscal y ocultar los 1,97 millones de euros en comisiones que cobró por «intermediar» en la compraventa de material sanitario (guantes y mascarillas), según recoge elDiario.es.
Ese dinero lo daría la firma barcelonesa FCS Select Products, que precisamente fue denunciada por el PP en marzo de 2022 por presuntas irregularidades en una docena de contratos por la covid que hicieron el Estado y varias administraciones públicas. No obstante, tras analizar cuatro acuerdos suscritos con FCS la Fiscalía determinó que no existía un ilícito penal, al contrario de lo que sí apreció presuntamente en otros contratos que son investigados ahora en el llamado 'caso Koldo' por varios indicios delictivos.
En suma, para el Ministerio Público la tributación del Impuesto de Sociedades en los dos ejercicios no fue veraz. El motivo, concluye, es que González Amador dejó de pagar 350.951 euros al erario público «de forma consciente y voluntaria». Según fuentes jurídicas, aunque la denuncia está firmada el 13 de febrero pasado no se registró en los juzgados de Madrid hasta varios semanas después e incluso aún está pendiente de reparto por parte del Decanato que dirige María Jesús del Barco, a la sazón presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Carnero a Puente: «Antes atascaba Valladolid y ahora retrasa trenes y pierde vuelos»
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.