La Fiscalía concluye que el 'procés' fue un «golpe de Estado» y Junqueras, su «motor»

El Ministerio Público puso toda la carne en el asador con la intervención de los cuatro fiscales del caso, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Frases rotundas y durísimas acusaciones para conseguir que el Supremo condene a nueve de los 12 acusados por rebelión por «quebrantar las leyes de la convivencia, romper el orden constitucional, enfrentar a miles de ciudadanos contra los servidores del orden público, obstaculizar gravemente las actuaciones judiciales y destinar fondos públicos para financiar actividades ilícitas», en palabras de Zaragoza.

«No fue sedición porque no fue un ataque contra el orden público, sino contra el orden constitucional. La rebelión no necesita de violencia grave ni violencia armada», zanjó el fiscal para separarse de la tesis de la Abogacía del Estado, resolviendo así una de las cuestiones más polémicas de este juicio. «No hacen falta armas ni militares, ni que la violencia sea grave o con armas» explicó el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Moreno, por su parte, abundó en que la tesis de las defensas de que no se puede acusar a los líderes del 'procés' de rebelión porque no hubo un alzamiento de corte casi castrense no tiene sentido. «No se tomaron centros de poder porque (los rebelados) ya lo ostentaban todos. No se trataba de que un pequeño buque asaltara al grande. Solo bastaba con cortar las amarras con el barco grande», explicó metafóricamente

En este reparto de papeles en la acusación pública, fue Fidel Cadena el encargado de disipar cualquier duda sobre la determinación de la Fiscalía de aplicar los grados más altos para la rebelión al dejar claro que el Ministerio Público cree probado que la asonada no fue fallida o inconclusa, sino que llegó a perpetrarse por completo. Nada de tentativa. «El 27 de octubre se consuma la proclamación de independencia. La Constitución queda derogada de hecho y de derecho en Cataluña», proclamó el fiscal, quien llegó a asegurar que durante el 'procés' la situación fue tan grave que «no quedó defensa de España en ese territorio (Cataluña)», lo que provocó que el Gobierno tuviera que enviar a 6.000 policías y guardias civiles para intentar impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Sentadas las bases de su acusación, el Ministerio Público se esmeró en defender el proceso judicial en sí ante las críticas en el extranjero, fundamentalmente. «El objeto de este juicio nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política. No se persiguen ideas políticas. Están aquí por haber intentado liquidar la Constitución, el instrumento de nuestra convivencia. La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante métodos coactivos y utilizando la violencia en aquellos momentos en que la han creído necesaria. Todo ello en amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de apoyo normativo nacional e internacional», clamó Zaragoza, en una de sus mejores intervenciones en este juicio.

Durante cuatro horas de exposición, la Fiscalía no ocultó que tiene en su punto de mira sobre todo a dos de los acusados, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, y Joaquim Forn, exconsejero del Interior. «Junqueras es el motor principal de la rebelión», llegó a afirmar Jaime Moreno, quien recordó que dos de sus principales colaboradores fueron los encargados de desarrollar El uso de la violencia no ha sido un elemento estructural las estructuras de Estado. Junqueras, «miembro destacado del sanedrín» del 'procés', fue advertido, al igual que Forn, por los mandos de los Mossos del riesgo real de incidentes en el 1-O, recordó el acusador.

Sobre el exconsejero de Interior, Moreno dijo que supo que cometí aun delito «desde el principio hasta el final». Acusó a Forn de poner en marcha un plan para «simular que los Mossos cumplían la orden judicial para en realidad consentir la celebración del referéndum».

Madrigal, encargada de desgranar las acusaciones contra los exmiembros del Govern por malversación, no anduvo a la zaga de sus compañeros y fue igualmente dura. La exfiscal general, que cifró en más de tres millones el dinero público desviado, afirmó que los exconsejeros de Carles Puigdemont se constituyeron en «una organización criminal que ha convertido a Cataluña en su cortijo particular».