Pulso de la Fiscalía con el Supremo ante el TC por la legalidad de la amnistía

El escrito de la Fiscalía constata «la innegable conflictividad política, social y jurídica» de la norma exigida por Junts y Esquerra para avalar la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, el tironeo alcanzó al propio Ministerio Público: tras la entrada en vigor, en junio, de la nueva legislación, García Ortiz impuso su criterio jerárquico a los cuatro fiscales que contribuyeron a la condena de Oriol Junqueras y el resto de los líderes del ‘procés’ encarcelados, opuestos a exculpar la malversación atribuida, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont. Ahora, con la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo como piedra de toque del resto de recursos formalizados ante el TC –los interpuestos por los gobiernos del PP y el socialista de Castilla-La Mancha–, la Fiscalía cuestiona sin tapujos y uno a uno los argumentos esgrimidos en su impugnación por el Supremo.

El Ministerio Público viene a polemizar, en términos jurídicos, con la Sala de lo Penal sobre lo que interpreta como «vicios de inadmisibilidad» y «la renuncia» a contemplar tan siquiera que la figura de la amnistía quepa en esta Constitución. Entrando al debate histórico –la medida de gracia de 1977, sostiene el texto firmado por García Ortiz, tenía «condición inherente» para su «éxito político» que «nadie tuviera que pedir perdón»–, la Fiscalía reivindica la legitimidad del poder político para legislar y llega a asegurar que si el Supremo cree ahora que el ‘procés’ representó «un golpe de Estado», «no parece desdeñable» una amnistía para «facilitar la superación» del conflicto suscitado. El remate se tiñe de displicencia hacia los magistrados: «El juicio de constitucionalidad está abordado desde una posición psicológica de parte afectada –y hasta ofendida– por el propósito de la ley».