La Fiscalía pide al Supremo la amnistía total del 'procés' y suspender la detención de Puigdemont

En sus escritos, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal jefe de penal del alto tribunal, Joaquín Sánchez-Covisa, reclaman a los magistrados Pablo Llarena y Susana Polo -instructores de las causas del 'procés' y de 'Tsunami Democràtic', respectivamente- y al tribunal juzgador que procedan al borrado de la malversación y la desobediencia, por un lado, y el delito de terrorismo, del otro, que también afecta al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Sobre el líder de Junts y el resto de procesados en rebeldía por el 'procés', la Fiscalía reclama además al juez Llarena que, tal y como recoge la ley de amnistía sobre el levantamiento de las medidas cautelares, proceda a retirar la orden nacional de detención a los encausados. Una circunstancia que, en caso de consumarse, facilitaría el regreso a España de Puigdemont, quien podría cumplir con su deseo de estar presente en la sesión de investidura en el Parlament prevista para el próximo martes 25 de junio.

El Ministerio Público también reclama aplicar el olvido penal a los exconsejeros catalanes procesados en rebeldía Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, y para la secretaria general de ERC, Marta Rovira; así como para el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y para los exconsejeros condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, sobre los que pesa todavía la inhabilitación para empleo o cargo público. En el caso del líder de Esquerra hasta 2031.

Sánchez Conde y Sánchez-Covisa recibieron ayer el encargo del fiscal general para que presentaran estos escritos, después de que la Junta de Fiscales respaldó su postura por 19 votos a 17 sobre la amnistía total al 'procés' frente a la de los cuatro fiscales que llevaban el procedimiento. Los informes defienden que la malversación de caudales públicos es amnistiable, entre otras razones, porque los hechos probados en esta causa «no contienen ninguna alusión o referencia a que se hubiere producido una afectación directa o indirecta a los intereses financieros de la Unión Europea».

Ambos fiscales de Sala (máxima categoría de la carrera) insisten, además, en que se puede borrar la malversación porque el perjuicio patrimonial para la administración que causaron los encausados no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial. Por lo tanto, defienden que «es lógico concluir» que se deben amnistiar la malversación «siempre que el responsable del delito se hubiera limitado a desviar fondos públicos con la única finalidad de financiar, sufragar o facilitar la convocatoria y/o celebración de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017».

Del mismo modo, recuerdan que dicha conducta «no será susceptible de ser amnistiada cuando, al margen de la voluntad o ánimo de conseguir la celebración de las consultas, el responsable del delito persiguiera, asimismo, la consecución de otras finalidades de carácter económico o patrimonial».

La Fiscalía se pronuncia después de que el pasado 11 de junio, cuando se publicó la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el juez Llarena y el tribunal que juzgó a los líderes independentistas dieran un plazo de cinco días a las acusaciones y las defensas para que informasen sobre la «aplicabilidad o inaplicabilidad» de la norma.

Del mismo modo, el Ministerio Público contesta a la juez del Supremo Susana Polo, que instruye la causa sobre Tsunami Democràtic, que los hechos también encajan en la ley porque «no hay duda» de que el delito de terrorismo que se le imputa a Puigdemont y al diputado autonómico de ERC Rubén Wagensberg entra en los actos susceptibles de ser amnistiados. Para ello argumenta que los altercados callejeros de la plataforma ni causaron graves violaciones de derechos humanos, ni provocaron muertos ni la vulneración del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, no afecta a la directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo.