La Fiscalía pide juzgar a Ponsatí por desobediencia grave en plena polémica por la amnistía

El juez instructor de la causa por la intentona separatista de que la que justo ahora se cumplen seis años había dado por concluido el sumario el pasado julio, una vez que Ponsatí fue detenida y se le tomó declaración en un juzgado de Barcelona para comunicarle su procesamiento. La exconsejera se acogió a su derecho a no declarar, tras lo cual quedo libre, tal y como había dispuesto el juez Llarena, aunque con la imposición de designar domicilio en España para recibir notificaciones judiciales.

Ponsatí, autoexiliada como el expresidente del que ahora pende la reelección de Sánchez, regresó voluntariamente a España bajo la amenaza de una condena que ya no implica cárcel, solo inhabilitación para empleo o cargo público, toda vez que el Gobierno derogó el delito de sedición por el que estaba imputada para satisfacer las exigencias de sus socios de Esquerra Republicana.

Hasta ese momento, la exconsejera estaba procesada por sedición, por lo que la desaparición de este delito, penado con entre diez y 15 años de cárcel e inhabilitación, propició que el magistrado lo sustituyera por el de desobediencia, castigado con multa de tres a doce meses e inhabilitación de seis meses a dos años. Aunque tanto Fiscalía como Abogacía del Estado solicitaron al instructor que sumara el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas de tres a cinco años de cárcel y hasta ocho años de inhabilitación, Llarena lo descartó.

Así las cosas, el camino a recorrer por Ponsatí es similar al que ya siguieron ante el Supremo la exdiputada autonómica de la CUP Anna Gabriel y la ex consejera catalana Meritxell Serret. Tras regresar de Suiza y Bélgica, respectivamente, prestaron declaración ante Llarena y éste las dejó libres para después poner fin a la investigación y avanzar a juicio.