El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que exonera a los seis encarcelados por el asesinato a los agentes en Barbate podría no llevar aparejada la inmediata libertad de los detenidos. Aunque los abogados de las defensas ultiman sus ... recursos contra el auto que los mantiene en prisión -algunos los han presentado ya en el juzgado- la Fiscalía no va a apoyar su puesta en libertad. Aunque el Ministerio Público confirma que los arrestados no tienen nada que ver con la muerte de los dos funcionarios en el puerto de Barbate la noche del 9 de febrero, la Fiscalía va a pedir que sigan en la cárcel porque se enfrentan a delitos muy graves, entre ellos pertenencia a una organización criminal, que podrían acarrearles penas superiores a los siete años.
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La fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, explicó este jueves que todas las investigaciones penales son un proceso dinámico en el que «van concretándose indicios, apareciendo otros o, como en este caso, descartándose algunos; se trata de algo absolutamente normal, porque la Justicia requiere su tiempo y no es instantánea».
La representante del Ministerio Público quiso aclarar que las investigaciones sobre delitos tan graves como el que sucedió en Barbate y con circunstancias tan complejas requieren de «métodos técnicos y científicos» que llevan su tiempo.
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«Desde el primer momento se tuvo en cuenta por los investigadores y por el instructor y el ministerio fiscal el descargo ofrecido por los investigados y sus defensas», señaló Villagómez. «Todos los vídeos han sido analizados por expertos ingenieros de criminalística de la UCO, haciendo una comparativa de todos y elaborando una secuencia de cómo sucedieron los hechos», abundó.
La fiscal recordó que «en un primer momento» había elementos para sostener la imputación de los investigados, pero que una investigación exhaustiva puede dar lugar al hallazgo de nuevos datos y de nuevas conclusiones. «En este momento podemos concluir que los investigados no son los autores del asesinato», zanjó. A su juicio, «esto nos indica que la Guardia Civil ha actuado de manera imparcial y profesional, pues lo único que buscan es la verdad».
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La fiscal subrayó que se sigue imputando a los investigados delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión, por lo que no considera que se deban variar las medidas cautelares de prisión adoptadas.
Las defensas, por su parte, ya han presentado los primeros escritos solicitando la libertad de los investigados, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que indicaron que el juzgado dará traslado de esos escritos a la Fiscalía y después resolverá.
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Todos estos movimientos procesales se producen solo horas después de que el martes la UCO entregara un vasto informe técnico de 143 páginas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate este 7 de mayo. En ese atestado concluye que la embarcación de Francisco Javier Martínez, alias 'Kiko El Cabra', no fue la que arremetió hasta seis veces contra la zodiac de la Guardia Civil ocasionando la muerte de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo.
Los especialistas de la UCO y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, tras el análisis forense de varios vídeos aportados a la causa (grabaciones de los encausados, imágenes de las cámaras de los agentes y otras recopiladas en las redes sociales), zanjan que la barca que mató a los funcionarios «no es la narcolancha intervenida la mañana del día 10 de febrero» en La Línea de la Concepción. Es decir, la 'goma' en la que viajaban 'El Cabra' y el resto de su tripulación detenida.
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El nuevo informe daría por tanto la razón a la defensa de 'El Cabra', que siempre ha sostenido que él y sus acompañantes estuvieron aquella noche trágica, en efecto, en el puerto de Barbate refugiados del temporal, pero que asistieron desde la lejanía a las embestidas de otra semirígida contra la embarcación en la que se encontraban los guardias civiles. «Es posible descartar la participación de los actualmente investigados en la perpetración de los delitos de asesinato y atentado agravado objeto de las presentes pesquisas, sin que ello afecte a la presunta comisión de un delito de contrabando», concluyen los especialistas de la Guardia Civil.
La clave para la exculpar a los detenidos –a la que ya apuntaba la información adelantada por este periódico el pasado 12 de abril– han sido varios vídeos, pero uno en particular: la grabación encontrada en el teléfono móvil de uno de los arrestados, José Antonio G. C., que se grabó desde la narcolancha de 'Kiko el Cabra'. La toma se realizó a cerca de 300 metros del lugar donde la 'goma' de los funcionarios fue atacada y en ella aparentemente se escuchan las voces de algunos de los seis sospechosos que todavía están en prisión por estos hechos.
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En esa grabación se aprecia que la narcolancha de 'El Cabra' tiene dos antenas (GPS y wifi, algo inusual en estas embarcaciones, que solo llevan la primera). Desde el principio, las defensas de los acusados habían insistido en que la lancha de sus defendidos llevaba esas dos antenas, mientras que la que embistió a los guardias solo portaba una. En el vídeo se aprecia claramente la popa de la embarcación desde la que se filman las imágenes, que tiene dos antenas, y cómo capta desde la distancia el instante del asesinato, lo que demuestra que 'Kiko el Cabra' no pudo ser el autor del atropello.
La 'goma' en la que viajaban los seis encarcelados fue localizada en una playa de La Línea de la Concepción con marcas en su casco. Dos informes periciales de la Guardia Civil apuntaron en un primer momento que eran compatibles con un choque con la embarcación de los guardias.
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Más allá de lo esencial –descartar la autoría de los detenidos–, el informe se centra en la motivación homicida de la embestida mortal. «Todos los integrantes de la narcolancha actuaron con la intención clara e inequívoca de acabar con la vida de los guardias civiles que tripulaban la embarcación oficial, con un claro desprecio por sus vidas», apunta la UCO, que recuerda que la planeadora «no portaba droga ni petacas de gasolina ni migrantes» y que, por tanto, «nada tenían que 'defender» para intentar evitar ser detenidos.
«La única explicación hallada para dar sentido al brutal ataque 'gratuito' acometido contra la embarcación de la Guardia Civil es la intención de causarle un grave daño o quitarles la vida», dictamina el informe, que destaca que los funcionarios estaban en «una situación de indefensión» frente a los narcos, porque su zodiac era «mucho más lenta y liviana».
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