La Fiscalía pide medio millón de fianza a un exdirectivo de BBVA en el 'caso Villarejo'

Según fuentes jurídicas, el motivo es que sospechan que haya podido destruir pruebas relativas al caso. Béjar, quien fue jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del banco, reconoció en su declaración que a finales de junio ordenó destruir diferente documentación electrónica que guardaba en su oficina de Distrito Castellana Norte, empresa dedicada a los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid para la que trabaja ahora y que controla BBVA. La propia compañía confirmó, a instancias del juez, que eran varios CD de datos y dos discos duros, pero desconocía su contenido.

Béjar insistió al juez que esa información no guardaba relación con los contratos que, según admitió el 4 de julio en su primera declaración, su departamento firmó con la sociedad Cenyt para realizar varios trabajos para entre 2004 y 2005, en concreto, localizar bienes susceptibles de embargos e incluso personas o empresas morosas. Sin embargo, negó conocer en un principio que dicha empresa era del comisario jubilado José Manuel Villarejo, y dijo que nunca habló con él. Además, añadió que se contrató a esa firma como a otras similares del sector para prestar «servicios de inteligencia» pero no espionajes, según él.

Su versión no convenció a los dos fiscales de la causa, quien plantearon la necesidad de que se le impusieran medidas cautelares (retirada del pasaporte, comparecencias periódicas...) además de la fianza. Pero el juez instructor decidió posponer la decisión hasta comienzos de la semana próxima, cuando comparecerá por tercera vez dado que Béjar ha pedido aportar más datos para «aclarar» su posible implicación.

De acuerdo con las fuentes citadas, si el juez valora que existe una colaboración real y aporta información podría reconsiderar la solicitud de la Fiscalía. Béjar es investigado por posibles delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, los mismos por los que también se encuentran bajo investigación otra media docena de ejecutivos, actuales y pasados, del banco encabezados por el que fuera consejero delegado Ángel Cano.

Ninguno quiso declarar cuando fueron interrogados en la Audiencia Nacional a principios de julio, bajo el argumento de que al estar la causa bajo secreto de sumario (es una de las diez piezas de la llamada 'operación Tándem', donde se indagan otras actuaciones relacionadas con Villarejo) desconocen con detalle de qué hechos se les acusa y no pueden ejercer de forma suficiente su derecho de defensa. Se da prácticamente por seguro que también será investigado (figura que antes de la última reforma del Código Penal se conocía como imputado) el anterior presidente de la entidad, Francisco González, dado que los hechos supuestamente ilícitos tuvieron lugar durante su mandato y que la contratación del comisario jubilado pudo decidirla él mismo, aunque probablemente sería a instancias de su entonces jefe de Seguridad.

Julio Corrochano, responsable de ese departamento en el banco, tuvo que depositar una fianza de 300.000 euros tras declarar en el juzgado, al considerar el juez que tuvo un papel clave en la contratación de Villarejo y podría haber incurrido en un delito de cohecho impropio. Ambos coincidieron como cargos policiales durante varios años y eran amigos, aunque también se trata de averiguar si pudo recibir algún tipo de regalo o compensación del comisario a cambio de recomendar sus servicios.

Asimismo, el juez García-Castellón aún tiene pendiente de resolver la petición de la Fiscalía para que se investigue al BBVA, en calidad de persona jurídica y por los mismos delitos citados antes, más otro posible de corrupción en los negocios. Según Anticorrupción, estaría acreditada tanto la contratación de la firma Cenyt por la entidad financiera como los pagos «supuestamente ilícitos» a dicha compañía de seguridad, una operación que «afectó a varias áreas sensibles» del banco así como a «diversos ejecutivos» durante un «prolongado periodo» que empezaría en 2004.