La Fiscalía pide que se investiguen las filtraciones sobre los atestados de los CDR encarcelados

El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, respalda que se indague quién filtró estas informaciones pero explica que al tratarse de supuestos delitos de revelación de secretos y contra la Administración Pública sería competente la justicia ordinaria y no el tribunal de la calle Génova ante el que denunció el colectivo 'Alerta Solidaria', el grupo de abogados que defiende a los siete presos y a los otros dos activistas que quedaron en libertad tras ser detenidos unas horas.

El Ministerio Público rechaza, no obstante, que se abra una pieza separada en la Audiencia Nacional como pretendía 'Alerta Solidaria'.

Este colectivo, a través de varios escritos, denunció que los autos de prisión de los siete supuestos miembros del denominado 'Equipo de Respuesta Táctica' llegaron a la prensa de manera íntegra a pesar de que el juez, debido al secreto del sumario, pasó a las defensas esos autos pero cercenados en las partes en las que se revelaban datos cruciales para la investigación. En esos escritos, los letrados recordaban que la Fiscalía es la única parte presente en el procedimiento que tuvo acceso completo a esos autos de prisión. 

Los abogados denunciaron que, mientras ellos «no tienen el más mínimo conocimiento de los hechos» y solo conocen la imputación provisional que se atribuye a sus defendidos, los medios han publicado de forma «exhaustiva» esos autos.

Los letrados tildaron de «absolutamente inadmisible» que las actuaciones de la llamada operación Judas sean públicas únicamente para los medios de comunicación «y, en cambio, para las defensas, la justicia se mantenga a puerta cerrada».

Los autos completos de prisión fueron los que desvelaron que, según los servicios de Información de la Guardia Civil, los siete arrestados llegaron a reunirse con la hermana de Carles Puigdemont (información que ha negado tajantemente Anna Puigdemont); que preparaban un asalto al Parlament para proclamar la república; que el propio Torra estaba al tanto de ese operativo para tomar la cámara legislativa; o que tenían preparada una campaña de atentados contra torres de telefonía y en arterias de comunicación vial catalanas.

Los abogados, además de reclamar una investigación de las filtraciones, exigieron al juez García Castellón que ordenase a los medios de comunicación retirar de sus webs los enlaces a las informaciones sobre los ERT sobre las que pesa el secreto del sumario porque estos artículos, explicaron, «afectan a la intimidad y seguridad de los investigados« y conculcan « la presunción de inocencia de la que debieran gozar».