La Fiscalía pide la declaración urgente como investigado del novio de Ayuso

En un escrito, el fiscal del caso esgrime que no se pueden retrasar más las comparecencias de González Amador y de los otros investigados debido a que el plazo de instrucción de doce meses se está agotando sin que aún se haya oído a los encausados, por lo que «no se puede conocer si es necesaria la prórroga de la causa» y qué diligencias solicitar en la misma.

La jueza de Madrid Inmaculada Iglesias suspendió el pasado noviembre la declaración prevista para el día 29 de ese mes a González Amador hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera un recurso interpuesto por su abogado contra la apertura de una pieza separada por la supuesta comisión de otros posibles delitos: administración desleal y corrupción en los negocios.

Una anterior comparecencia prevista para el pasado 24 de junio ya fue aplazada a instancias de la acusación popular de la causa, que representa el PSOE y Más Madrid, tras solicitar ambas en un escrito que se ampliara precisamente el objeto de la investigación tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento. En concreto, por utilizar una empresa instrumental para ocultar unos ingresos con el Grupo Quirón, para quien González Amador trabajó durante años en asesoría sanitaria.

La jueza aludió a un informe tributario que alertaba de una «operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria» en el ejercicio de 2021. Según la resolución, González Amador habría utilizado una sociedad pantalla, llamada Masterman S.L., para ocultar los ingresos de de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, empresa propiedad del investigado, y su cliente Quirón Prevención S.L.

La acusaciones defendieron que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L, en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención», Fernando Camino.

Entiende que podría tratarse de «una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell (González Amador) y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores (la firma gallega administrada por Fernando Camino) adquirió productos sanitarios de las empresas FCS e Inteconn, ya que como resultado de esas operaciones Maxwell facturó a ambas mercantiles 2.021.900 euros en 2020».