La Fiscalía pide archivar la denuncia contra Casado por el caso del hermano de Ayuso

El expresidente y el ex secretario general del PP, según el denunciante, manejaron datos fiscales y bancarios personales del hermano de Isabel Díaz Ayuso referidos al contrato firmado con la Comunidad de Madrid para la adquisición de mascarillas en las primeras semanas de la pandemia a través de la empresa, Priviet Sportive S. L., propiedad de un amigo de la familia de la presidenta.

Casado y Egea se refirieron a esa información privada en varias entrevistas en medios de comunicación, argumentaba en su denuncia el letrado Esteban Gómez Rovira. El exlíder del PP señaló en su día en la cadena Cope que él «no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un consejo de ministros». Mientras que Egea aludió ante varios medios de comunicación a un presunto cobro de comisiones irregulares por ese contrato de material sanitario.

El fiscal afirma que el denunciante no aporta «datos indiciarios» de revelación de secretos en su escrito solo aporta «simples» titulares de noticias periodísticas o «supuestas sospechas carentes de sustento» En definitiva, para la Fiscalía la denuncia es un mero «ejercicio de hipótesis y elucubraciones».

El Ministerio Público argumenta que abrir una investigación basadas en «unas informaciones periodísticas», implica emprender «diligencias prospectivas o predelictuales, incompatibles con los principios que rigen en el Derecho Penal y por ende ilícitas».

Subraya asimismo como razón para no admitir la denuncia que ni el propio perjudicado, Tomás Díaz Ayuso, ha emprendido acciones legales contra quienes fueron los máximos responsables del PP.

El supuesto cobro de comisiones por el hermano de la presidenta de Madrid fue el detonante de la tormenta política que acabó con la defenestración de Casado y la dimisión de su mano derecha en el partido. El caso salió a la luz tras las informaciones periodísticas sobre un presunto espionaje a la presidenta madrileña desde el Ayuntamiento de la capital. La respuesta de la dirección del PP fue airear el cobro de aquellas comisiones, nunca negadas por Isabel Díaz Ayuso pero con la salvedad de que no fueron ilegales.

Casado y Egea ofrecieron a la presidenta archivar el asunto a cambio de que se retractara de las acusaciones de espionaje. Pero Díaz Ayuso se negó a pesar de que la dirección del PP le había abierto un expediente disciplinario, que Casado ordenó archivar en un desesperado intento de cerrar la polémica.

Un intento vano porque para entonces los barones del partido ya habían tomado cartas en el asunto para cerrar una disputa que podía tener consecuencias demoledoras. Fue el punto final de la carrera política de Casado que fue relevado por Alberto Núñez Feijóo al frente del PP.