La Fiscalía pide archivar las querellas por los avales del Govern al Tribunal de Cuentas

El Govern fue quien avaló la fianza de 5,4 millones a través del Instituto Catalán de Finanzas, a partir del fondo creado, pero el Tribunal de Cuentas rechazó esta posibilidad. Finalmente, han sido los propios partidos, ERC y Junts y algunos de los investigados, quienes han avalado las fianzas con sus propios bienes. Entre otros, están investigados Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Andreu Mas-Colell. El Tribunal de Cuentas investiga el supuesto uso irregular de dinero público para defender la causa secesionista en foros internacionales por parte del Govern, durante los años del 'procés'.

La fiscalía descarta los delitos de malversación y prevaricación por parte del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el titular de Economía, Jaume Giró, contra quienes se querellaron Vox, Cs y la entidad CCC por aprobar el fondo para avalar las fianzas. Según el fiscal Pedro Ariche, en el informe presentado este lunes en el TSJC para pedir el archivo de las denuncias, la creación del fondo por parte de la Generalitat como mecanismo para el aval «no implica en sí misma la causación de un perjuicio al patrimonio público».

En consecuencia, descarta que implique un presunto delito de malversación. La Generalitat «sigue conservando el control sobre los recursos y dispone de un procedimiento ejecutivo que garantiza su retorno», según el Ministerio Público. El decreto incluye una cláusula que establece que todas las cantidades deberán ser devueltas al erario si hay sentencia firme en contra de los investigados.

A su juicio, habría posible causa judicial si el aval se ejecutara y luego no se pidiera el retorno. La Fiscalía cree que no se puede «concluir sin más» que el fondo tuviera como única función beneficiar a personas concretas y rechaza calificar el decreto de arbitrario, pues considera que tiene una finalidad «perfectamente lícita».

El Govern siempre ha defendido la legalidad del decreto de creación del fondo y la presentación del aval al Tribunal de Cuentas. El Gobierno evitó su impugnación al Tribunal Constitucional, lo que lo hubiera dejado en suspenso.