La Fiscalía pide archivar la investigación contra Montón por su máster

El escrito ha sido dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, quien abrió diligencias por los mismos ilícitos en su día al líder del PP, Pablo Casado, aunque el Supremo dio carpetazo al caso.

En su alegación, fechada el pasado 5 de noviembre, la fiscal Pilar Santos Echevarría, defiende el archivo porque la exministra aportó varios correos electrónicos que se intercambió con la directora del máster, Laura Nuño, que demostrarían que efectivamente el centro distinguía entre «aquellos alumnos que acudían a clase, y aquellos otros que por el motivo que fuere, cursaron el máster sin acudir a las sesiones que se impartían», como el caso de Montón.

«No hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica ni de un concierto previo entre la alumna y Laura Nuño, como tampoco hay pruebas que permitan sostener que las notas que fueron modificadas a posteriori, lo fueron en virtud de ese acuerdo previo, o por orden de la investigada», apunta la fiscal.

«El cambio de notas así como las convalidaciones son procedimientos que no dependen del alumno, por lo que su resultado no se le puede achacar. En tal sentido, los alumnos no son los garantes de la legalidad administrativa ni les corresponde velar por la regularidad del procedimiento para la obtención del master», señala el texto, que insiste en que no hubo «concierto previo» que sostenga el cohecho impropio, que en cualquier caso estaría prescrito, según el Ministerio Público.

Santos Echevarría también se refiere a la denuncia anónima que apuntaba que la exministra plagió parte de su trabajo de fin de máster, incluyendo 19 páginas con párrafos enteros de varios autores a los que no citó en la bibliografía. Según la fiscal, este hecho, de ser cierto «carece de relevancia penal» pues «carece de entidad y ánimo de lucro». «Incluso -dice la Fiscalía- como delito contra la propiedad intelectual estaría también prescrito».

Otra cosa, en la que no entra el Ministerio Público al no ser su competencia, es el «derecho a la tutela civil que le corresponda al autor original» y «de la responsabilidad administrativa en la que pudiere incurrir la alumna y el profesorado que calificó y aprobó el referido trabajo».