La Fiscalía pide hasta 27 años de cárcel por terrorismo a los CDR que el PSOE quiere amnistiar

El fiscal solicita 27 años de cárcel para ocho de ellos por los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. A otros cuatro los sitúa un escalón inferior y pide ocho años de cárcel al acusarles solo del primer delito, el de pertenencia a banda armada.

Estos doce procesados por terrorismo serían parte de los beneficiados por la amnistía que el Gobierno ha pactado con los independentistas catalanes a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. Según la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista la pasada semana, todos los acusados por terrorismo por actos relativos al procés o sus derivadas verán borradas de un plumazo todas sus causas siempre que contra ellos no haya recaído sentencia firme.

Por tanto, ahora la cuestión clave para ver si esta docena de CDR podrán beneficiarse de la amnistía es la prisa o no que se dé la Audiencia Nacional en enjuiciarles y, llegado el caso, el Tribunal Supremo en confirmar una hipotética sentencia condenatoria, que haría firme el fallo y, por tanto, no amnistiable. Diversas fuentes judiciales estiman «improbable» que el Supremo llegara a adelantarse a la futura ley de amnistía que ya ha comenzado a tramitarse en el Congreso.

El pasado 3 de noviembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó sentar en el banquillo a los doce CDR al ratificar el auto de conclusión de sumario de la causa del juez Manuel García Castellón.

En su auto, los magistrados de la Sección Tercera confirmaban la decisión del juez instructor de la denominada «Operación Judas» practicada en septiembre de 2019 contra un grupo de personas a los que García Castellón vincula con el denominado «Equipo de Respuesta Táctica» (ERT), una célula integrada por los individuos más fanáticos procedentes de diferentes CDR.

La Fiscalía, que hace suyo básicamente el relato de hechos que en su momento hizo García Castellón, sostiene que este grupúsculo radical conformó una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias.

El Ministerio Público destaca que el ERT se creó a partir de miembros de distintos CDR de «gran radicalidad» y que su nacimiento se debió a la necesidad de contar «con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se muestran totalmente entregados a la causa», a los que se encargaban «las acciones más sensibles».

«Su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España», afirma la Fiscalía.

Este ERT nunca llegó a actuar porque sus componentes fueron detenidos en la denominada 'operación Judas' de la Guardia Civil en octubre de 2019, pero la célula tenía ya fijados varios objetivos para sus ataques, tales como : la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la sede de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona, así como miembros, vehículos e instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

No obstante, su acción más relevante iban a ser el asalto al Parlament de Cataluña coincidiendo con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 1-O. Los procesados habrían asumido el encargo del denominado 'CNI catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria a fin de ocupar el edificio de la cámara autonómica, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana. Entrarían por la puerta principal, porque supuestamente se les facilitaría el acceso desde el interior, y se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos.

El escrito de acusación contra los CDR lleva la firma de Miguel Ángel Carballo, el mismo fiscal que ha descartado el delito de terrorismo en la causa sobre Tsunami Democràtic en la que está investigados el expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, además de otra decena de personas. A diferencia del sumario de los Comités de Defensa de la República, en Tsunami Caraballo considera que no hay pruebas que permitan «sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista».

En concreto, en la causa de los CDR, el fiscal pide sentar en el banquillo a Eduardo Garzón, Esther García, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Delgado por delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito o fabricación de explosivos; y estragos, este último en grado de tentativa.

Respecto a los demás procesados, el Ministerio Fiscal señala a Ferrán Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero únicamente por el delito de pertenencia a organización terrorista