La Fiscalía pide 36 años de cárcel al autor confeso del triple crimen de los hermanos de Morata

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía describe con precisión el modo de ejecución de los tres crímenes, aunque sin entrar en el trasfondo del caso y la motivación del acusado para atacar a las víctimas: Amelia (72 años), María Ángeles (75) y José Gutiérrez Ayuso (78). La investigación de la Guardia Civil desveló que el móvil fue que Dilawar prestó 59.500 euros a las dos hermanas, que estaban siendo víctimas de los estafadores del amor, y no se lo devolvieron.

Amelia y Ángeles habían prometido al paquistaní multiplicar hasta por cinco su inversión, ya que estaban convencidas de que mantenían un romance con unos militares norteamericanos a los que conocieron por Internet y que les estaban sacando el dinero bajo la promesa de cobrar una herencia millonaria. Dilawar entró en el juego y hasta vendió su locutorio, pero no recuperó ni un euro del dinero que les entregó, pese a que lo necesitaba para costear el tratamiento de su madre enferma, que acabó muriendo en febrero de 2023.

En ese contexto, la mañana del 17 de diciembre de ese mismo año, el acusado acudió al domicilio de los Gutiérrez Ayuso, situado en la Travesía del Calvario, escaló un muro y llamó a la puerta, describe el fiscal. Le abrió José, el mayor de los hermanos, que sufría una discapacidad psíquica. Una vez dentro, «el investigado, con intención de causarle la muerte o siendo consciente de la posibilidad de que se produjera ese resultado, le propinó a José múltiples golpes en la cara y la cabeza», añade el escrito acusatorio.

Dilawar presuntamente utilizó en la agresión un palo de hierro o un objeto contuso, largo, rígido y pesado de similares características. A continuación, con ese mismo arma, se acercó a Amelia y «con idéntica intención» le propinó «múltiples golpes en la cabeza». Después hizo lo mismo con Ángeles. Los tres hermanos murieron a causa de los traumatismos craneoencefálicos sufridos.

La Fiscalía agrega que el 19 de diciembre, sobre las ocho de la tarde, el acusado volvió a la vivienda y prendió fuego a los cadáveres, que quedaron parcialmente carbonizados. También recuerda que Dilawar tenía una orden de alejamiento de 500 metros hacia Amelia, a la que golpeó meses antes -justo un día después de que muriera su madre- con un martillo porque no le había devuelto el dinero.

El Ministerio Público considera que el paquistaní tenía disminuidas sus capacidades intelectivo-volitivas de forma leve en esos momentos debido a que presenta un trastorno de la personalidad donde predominan «rasgos paranoides», apreciando una «carga progresiva de frustración vivencial situacional», en relación a la situación ruinosa en la que se encontraba, ya que se mantenía con un subsidio de 480 euros desde que salió por primera vez de prisión por la agresión con el martillo.

En consecuencia, reclama que sea condenado por tres delitos de homicidio a las penas de 12 años de prisión por cada uno de ellos, a los que habría que sumar otros ocho años en régimen de libertad vigilada y una multa de 8.100 euros por el quebrantamiento de la orden de alejamiento. No considera el fiscal que exista responsabilidad civil derivada de estos hechos.

La defensa del acusado, que dirige la letrada Natalia Checa Rivera, de Lemnis Abogadas, se muestra conforme con el relato que realiza la Fiscalía, ya que, a su juicio, se ajusta a la declaración en sede judicial de Dilawar y a las pruebas practicadas. No obstante, aunque reconoce la existencia de tres delitos de homicidio, la representación legal de Dilawar en el procedimiento argumenta una serie de circunstancias que podrían modificar su responsabilidad penal.

En concreto, en el escrito de defensa relata que el paquistaní carecía de antecedentes penales antes de febrero de 2023 -cuando se produjo la agresión con el martillo- y tenía un comportamiento previo «totalmente ajustado a la legalidad y a la normalidad», puesto que regentaba un locutorio en Arganda del Rey que servía de sustento para él y para su familia. A las dos hermanas, apostilla el documento, las conoció en dicho negocio, donde ellas le contaron que debían enviar dinero al extranjero para cobrar una supuesta herencia.

La abogada de Dilawar argumenta que su patrocinado empezó a pensar que la estafa había sido orquestada en realidad por las hermanas, puesto que él no era el único afectado. Con motivo de los 59.500 euros que les prestó, «se vio inmerso en la tesitura de no tener dinero para enviar a su familia, que vive en Paquistán, así como tampoco para sostener sus propios gastos aquí en España, sintiéndose estafado por las víctimas», según el escrito de defensa. Incluso, las consideró responsables de la muerte de su madre, ya que no pudo enviar fondos para costear su tratamiento médico.

La letrada concluye: «La defensa no busca eludir el grave desenlace de los hechos, sino exponer, con rigor, las posibles atenuantes». Esas circunstancias serían la alteración o anomalía psíquica, en relación al trastorno de personalidad con rasgos paranoides que reconoce la propia Fiscalía; la de arrebato u obcecación, ante la «desesperación económica» en la que se hallaba por haber prestado su dinero a las hermanas; y la de confesión y colaboración con la Administración de Justicia, ya que se entregó él mismo a la Guardia Civil el 22 de enero de 2024 y admitió los hechos desde el primer momento.

Por todo lo anterior, la abogada Natalia Checa entiende que los tres delitos de homicidio deben ser castigados con la pena mínima aplicando una rebaja en dos grados hasta situarlos en dos años y medio por cada uno de ellos (en total, siete años y medio), o al menos reducirla en un grado, lo que supondría cinco años por cada muerte, hasta un total de 15.