El fiscal concluye que Manos Limpias exigió dos millones para no juzgar a la Infanta

En concreto, el fiscal José Perals relata en su escrito de conclusiones antes del juicio oral que primero Bernad exigió a Jaume Giró, director y responsable de Reputación de la Fundación La Caixa, donde trabajaba la infanta Cristina, que la entidad ayudara económicamente con dos millones de euros a la empresa de seguridad LPM, cuyo propietario Lorenzo González era un persona cercana al líder de Manos Limpias, debido a la «grave situación financiera» que atravesaba esta corporación.

Ante la falta de contestación del directivo de La Caixa, fue Pineda el que retomó la propuesta y después se puso en contacto con el despacho de Miquel Roca, que llevaba la defensa de la Infanta, alegando que habían tenido muchos gastos procesales que podrían haber llegado «hasta los tres», refiriéndose a tres millones de euros. Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada Virginia López Negrete, quien «seguía las instrucciones que le daba Bernad y enviaba la información que obtenía del caso a Pineda» y a otra de las procesadas, Rosa Isabel Aparicio, jefa de gabinete de Ausbanc y responsable de los eventos de la empresa.

Este tipo de estrategia también fue empleada por Pineda y Bernad en otros casos como en la acusación de Manos Limpias en el caso de los ERE de Andalucía, en concreto la presunta extorsión a Unicaja para archivar el procedimiento contra su presidente, Braulio Medel, la presión ejercida al Banco Sabadell, a Volkswagen en el caso del trucaje de los motores diésel de sus vehículos, al Banco Santander o a La Caixa.

Así, por esta red de extorsión contra bancos, empresas u organizaciones de consumidores como Facua a cambio de no hacerles publicidad negativa y/o de retirar la acusación de Manos Limpias, su satélite desde 2012, en causas donde estaba personada serán juzgadas 11 personas.

La Fiscalía reclama al que fuera líder de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y una multa de 10,3 millones de euros por delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. Para Bernad, 24 años y diez meses de prisión por los dos primeros delitos y para la que fuera abogada de su sindicato, Virginia López Negrete, 11 años y 11 meses por los mismos delitos.

Tras Pineda y Bernad, en un segundo nivel se encontrarían el tesorero de Ausbanc Alfonso Sole Gil, que se enfrenta a una petición de 37 años de cárcel y multa de 10 millones, y el adjunto a presidencia Ángel Garay, para quien pide 32 años cárcel y multa de 10 millones. Los miembros de la junta directiva que se situarían en un tercer nivel son María Teresa Cuadrado (21 años y 11 meses), María Manuela Mateos (66 años y 10 meses), María Isabel Medrano (60 años de prisión) y Hermenegildo García (15 años y 11 meses de cárcel). Finalmente en un cuarto nivel estarían López Negrete, Rosa Isabel Aparicio (51 años) y Luis María Suárez (le reclaman 16 años de cárcel).

Otras empresas o personas que también sufrieron la extorsión de Ausbanc, según el fiscal, fueron BBVA, Caja Madrid, Gerardo Díaz Ferrán, Crédit Services, Novagalicia Banco, Bankia, Gas Natural, Caja España, Banco Mare Nóstrum, Liberbank, Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, CAM o Europistas.