La Fiscalía pide amnistiar a Rovira, la negociadora de ERC para la investidura

La Guardia Civil sitúa a Rovira como promotora de las reuniones y encuentros durante 2019 en Ginebra en los que se alumbró el proyecto de la plataforma violenta que promovió disturbios como la toma del aeropuerto de El Prat, el corte de vías de comunicación o el acoso a la Policía Nacional en Barcelona, que acabó con dos agentes heridos de gravedad.

Para el fiscal Miguel Ángel Carballo, que es quien firma los seis folios de alegato, es evidente que los altercados violentos protagonizados por Tsunami cabrían en la amnistía porque, a pesar de que el instructor apunta a que se trata de delitos de terrorismo, «no se aprecia que los hechos hayan, ni hipotéticamente, causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos en particular los regulados en el artículo 2 y 3 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales que se refieren, como es sabido, al derecho a la vida y al derecho a no sufrir torturas ni tratos degradantes». Esta condición –la de no haber provocado violaciones de los derechos humanos- figura expresamente en la controvertida ley de amnistía.

Según el fiscal, «no consta la comisión de actos dolosos por ninguno de los investigados que hayan causado muerte, aborto, lesiones al feto o pérdida de una utilidad de órgano o miembro sentido así como impotencia, esterilidad o grave deformidad». En esa línea, sostiene que no hay datos para relacionar la muerte de un turista durante el cerco a El Prat con aquella acción « y, menos aún, puede ser imputada a título de dolo a ninguno de los investigados», afirma.

Lo mismo cabe decir, continúa, «de las lesiones sufridas por personas presentes en el aeropuerto o por policías lesionados en una manifestación no convocada directamente por Tsunami en la que, como declaran policías heridos, se produjeron detenciones de los organizadores, (ninguno de los investigados), y sin que pueda atribuirse bajo ningún concepto la responsabilidad dolosa de esos hechos siquiera quien hubiese convocado la concentración».

Además de la secretaria general de ERC, la Fiscalía pide la amnistía para los otros nueve acusados en este procedimiento, aunque la mayoría están huidos al extranjero. En los últimos meses se han traslado a vivir a Suiza el dirigente de Òminum Cultural Oleguer Serra; el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó. Entre los imputados por García Castellón también hay un banquero italiano que trabaja en el país helvético , Nicola Foglia. El informático Jaume Cabaní, uno de los supuestos cerebros técnicos del próces y de la votación ilegal del 1 de octubre , persona muy cercana a Carles Puigemont, estaría en Bélgica.

Así las cosas, a día de hoy solo estarían a disposición efectiva de los tribunales españoles, cuatro de los diez encausados en la Audiencia Nacional: el director de la oficina de Puigdemont y el más íntimo de sus colaboradores, Josep Lluís Alay, convaleciente de la hemorragia cerebral; exsecretario general de ERC, Xavier Vendrell; la militante de ERC Marta Molina; y el editor Oriol Soler.