La Fiscalía pedirá prisión para Borràs por falsedad documental pero no por malversación

El TSJC cerró hace dos semanas la investigación del caso contra Laura Borràs por haber fraccionado 18 contratos por valor de más de 300.000 para adjudicárselos a un amigo durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El TSJC mantuvo la acusación por cuatro delitos. Y afirmó que «los indicios permiten afirmar que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos que castiga la autoridad o el funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, como igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones».

«Dado que la ILC es un ente autónomo de naturaleza administrativa y que su directora Laura Borràs era la responsable de la contratación administrativa y tenía atribuida la disponibilidad y administración del patrimonio, ha quedado indiciariamente acreditado que la disposición del patrimonio de la ILC derivada de la liquidación de los dieciocho contratos menores objeto de la investigación ha supuesto un perjuicio a los caudales públicos», señaló el alto tribunal. La Fiscalía, en cambio descartará que se siente en el banquillo por malversación.

Según el juez instructor, Laura Borràs «abusó» de las funciones que tenía reconocidas en calidad de directora de la ILC, «dictando resoluciones injustas al aprobar las adjudicaciones de los dieciocho contratos, con plena conciencia de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, omitiendo una verdadera concurrencia para únicamente favorecer los intereses» de su amigo Isaías H, que también será imputado por la Fiscalía.

Una vez que la Fiscalía entregue el escrito de acusación, el juez deberá decidir si abre juicio oral. Todo el arco parlamentario catalán, salvo Junts, le pide que se aparte si es procesada, en aplicación de un artículo del reglamento del Parlament. Este artículo afirma que en caso de que un diputado autonómico sea procesado por delitos vinculados a la corrupción, como es este caso, «la Mesa del Parlamento, una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata». Borràs se niega a apartarse, se siente una víctima de la «represión» del Estado y reclama a ERC y la CUP eliminar el artículo por el que tendría que cesar. No obstante, las peticiones de dimisión se han realizado hasta ahora porque se daba por hecha la imputación por cuatro delitos. Está por ver qué consecuencias políticas tiene el más que probable procesamiento de la presidenta del Parlament, en este caso por dos delitos y no por cuatro.