Suiza desoye a la Fiscalía y dice que «no hay base» para detener a Puigdemont

El portavoz del Departamento Federal de Justicia suizo, Folco Galli, ha recordado que el pasado 5 de diciembre el Tribunal Supremo retiró la orden de detención y entrega europea contra Carles Puigdemont y más personas, entre ellas Meritxell Serret, y que esa decisión sigue vigente. Por lo tanto, «no hay ninguna base» para el arresto de estas personas con vistas a una extradición, recalcó Galli.

Tanto Puigdemont como los cinco exconsejeros que se fugaron con él en octubre de 2017 a Bélgica están investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El Gobierno suizo ha recordado, además, que Puigdemont tiene el derecho de visitar Suiza y pronunciar «discursos políticos» en el país, siempre y cuando respete su ordenamiento jurídico.

El expresidente participará este domingo en una rueda de prensa y en un debate sobre la independencia de Cataluña en el Festival de Cine y el Foro Internacional sobre los Derechos Humanos (FIFDH) de Ginebra, y el día 21 en un evento sobre la autodeterminación organizado por el Instituto de Altos Estudios Internacionales.

Meritxell a su vez figura en un panel el día 20 organizado por una asociación de tamiles con el título 'Violaciones de Derechos Fundamentales en la Unión Europea (UE): El caso catalán', junto a Txell Bonet, pareja de Jordi Cuixart, evento que se celebrará al margen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La Fiscalía General había remitido un escrito en el que solicitaba llevar a cabo las siguientes actuaciones: que el Ministerio de Asuntos Exteriores informe en relación a las gestiones realizadas por Puigdemont y Serret o los organizadores de los eventos ante los representantes diplomáticos de España en Suiza; que, por la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior, en colaboración con Interpol, se realicen las gestiones necesarias ante las autoridades competentes de Suiza a los fines de determinar la «viabilidad» de su detención; y al juez Llarena, la adopción de medidas cautelares complementarias consistentes en limitar la validez de sus pasaporte.