La Fiscalía no se opone a suspender el ingreso en prisión de Borràs si se tramita su indulto

Una sentencia del Supremo confirmó el pasado 10 de febrero la pena de 4 años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros a Laura Borràs, por los delitos de prevaricación y falsedad en documento mercantil. Tras el fallo del Supremo, el tribunal que la juzgó y la condenó en primera instancia, el TSJC, declaró firme la sentencia condenatoria y procedió a incoar la ejecución del fallo.

En las alegaciones sobre las circunstancias de la ejecución de la condena, la expresidenta de Junts reclamó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la suspensión de la ejecución de su condena mientras se «materializa» la petición de indulto que el tribunal elevó al Gobierno en su sentencia.

El Alto Tribunal rechazó que Borràs pudiera ser amnistiada, ya que fue condenada por «corrupción». No obstante, en su sentencia, el TSJC sugirió en su día un indulto debido a la elevada condena impuesta. «Proponemos al Gobierno la concesión de un indulto parcial en referencia exclusivamente a la pena de prisión impuesta y en el tiempo que exceda de dos años como duración máxima», según recogía la sentencia condenatoria y que incluye la Fiscalía en su escrito ante el TSJC.