La Fiscalía se opone al permiso de salida para trabajar de Romeva

El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, anunció días atrás que el Ministerio Público se opondrá a todos los permisos concedidos a los presos del 'procés'. La Fiscalía entiende que la Generalitat, titular de las cárceles catalanas donde están reos los independentistas, está dando permisos generalizados y está aplicando un tercer grado encubierto. Hasta la fecha, el Ministerio Público ha recurrido ante el juzgado de vigilancia penitenciaria, impugnación que no paraliza la salida del preso, la concesión del 100.2 a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Dolors Bassa, Joaquim Forn y ayer el de Raül Romeva. Los nueve presos secesionistas sentenciados a penas de nueve a trece años por un delito de sedición tienen ya la autorización para salir a trabajar o realizar labores de voluntariado, por lo que se espera que la Fiscalía presente también recursos contra Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Josep Rull y Jordi Turull.

El escrito de oposición se presentó un día después de que la jueza de vigilancia penitenciaria avalara el permiso concedido a Jordi Cuixart para salir a trabajar en régimen de semilibertad. Lo hizo en un auto muy duro contra la Fiscalía, en el que la juez asegura que existen motivos suficientes para que se le conceda el régimen flexible y apunta que el Ministerio Público trata de corregir ahora, con impedimentos y obstrucciones, lo que no consiguió que admitiera la sentencia del Supremo.

La Fiscalía, en su escrito presentado en el juzgado, afirma que el 100.2 debe ser una medida «excepcional» y no generalizada como a su juicio está haciendo la Consejería de Justicia. También apunta que en el caso de Romeva se trata de una especie de concesión de «segundo grado y medio» penitenciario o incluso un tercer grado autorizado de forma «espuria», y señala que el exconsejero no ha asumido el carácter delictivo de su conducta y que trabajar en una organización que evalúa los tratados de paz de la guerra de Bosnia no constituye tratamiento alguno respecto al delito por el que fue condenado y que no le enseñará a «respetar la ley», o que «sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos». La Fiscalía critica, además, que «se aprecia cierta similitud» entre la actividad que desempeña en la entidad 'Asociació Districte 11 City to City' y la que realizaba como consejero, «lo que no le impidió cometer el delito».