La Fiscalía mantiene su petición de prisión para Griñán e inhabilitación para Chaves

El juicio que sienta en el banquillo a los responsables del socialismo andaluz en las dos últimas décadas encara así esta semana su recta final tras diez meses de sesiones. Tras los interrogatorios a los 22 imputados y las larguísimas sesiones de testigos y pruebas periciales, especialmente los informes de los expertos de la Intervención General del Estado, prueba de cargo en el juicio, llega el turno de las conclusiones finales. Los primeros en manifestarse han sido los fiscales de Anticorrupción, que durante la jornada de hoy han mantenido la acusación que formularon allá por diciembre de 2017 contra la mayor parte de los encausados.

Así, la Fiscalía mantiene su solicitud de 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río. Para Griñán, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exinterventor general Manuel Gómez, reclama seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, elevando la pena a ochos de prisión para los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano y los exsecretarios de Empleo Javier Aguayo y Juan Francisco Sánchez. Anticorrupción sólo ha rebajado sus peticiones respecto al ex secretario general de Hacienda entre los años 2000 y 2004, Antonio Estepa, a quien retira la acusación, y una ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo y el exdirector de la agencia Idea Jacinto Cañete, quienes ven reducida su petición de condena de ocho a seis años de cárcel por un delito de malversación.

En su intervención, los fiscales han reiterado que los 22 exaltos cargos procesados crearon e implantaron en el seno de la Junta de Andalucía un sistema, las transferencias de financiación al ente instrumental Instituto Andaluz de Fomento (IFA, más tarde Agencia Idea), como fórmula para esquivar los controles de la Intervención general y así poder tramitar ayudas sociolaborales o ayudas directas a empresas en crisis de manera arbitraria y opaca. Muchos de los beneficiarios eran empresarios afines o cercanos a la órbita del PSOE, especialmente en Sevilla. Pese a las alertas lanzadas por el interventor general sobre su encaje, con esta fórmula se llegaron a repartir 855 millones de euros, aunque las defensas han insistido en que no hubo acuerdo para saltarse los controles y que año tras año la partida de donde salían las ayudas era aprobada en la ley de Presupuestos por el Parlamento andaluz.

Según el ministerio público, que apuntala la tesis esgrimida por la juez Mercedes Alaya, instructora judicial del caso, los dirigentes políticos conocían las irregularidades y sin embargo permitieron que continuaran en el tiempo para evitar conflictos sociales entre 2001 y 2010. Así, la Dirección General de Trabajo de la Junta concedió las ayudas sociolaborales «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido», lo que permitió por ejemplo que las percibieran personas que nunca trabajaron en las empresas en cuyos ERE fueron incluidas (los llamados 'intrusos') o que se pagaran ayudas para fines distintos de los previstos, como subidas de sueldo o ferias de muestras. En su tramitación participaron además empresas mediadoras y conseguidores que se beneficiaron de comisiones por encima del precio de mercado, unas irregularidades que están siendo investigadas en otra pieza separada.

Tras la lectura de las conclusiones definitivas de la Fiscalía, será el turno de las acusaciones populares, ejercidas por el PP y el sindicato Manos Limpias, que darán pasado a las defensas. Posteriormente, los acusados podrán ejercer su derecho a última palabra antes de dejar el juicio visto para sentencia a finales de noviembre, coincidiendo con el final de la campaña electoral en Andalucía. La sentencia tardará aún varios meses en conocerse, según fuentes judiciales.