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Cristian Reino
Barcelona
Jueves, 13 de julio 2023, 15:06
El juicio por el presunto escolta de Carles Puigdemont llega a su fin. La Fiscalía ha mantenido este jueves la petición de seis años de cárcel para el exconsejero de Interior, Miquel Buch. El dirigente de Junts está acusado de haber contratado a un agente ... de los Mossos, Lluís Escola, como asesor del departamento para que en realidad efectuara labores de escolta de Puigdemont en Bruselas. Para Escolà, la Fiscalía reclama cuatro años de prisión. El Ministerio Público no ha variado, en sus conclusiones finales, las peticiones de pena iniciales. «Sostenemos que el señor Escolà fue designado para prestar tareas de protección, de acompañamiento y vigilancia para el señor Puigdemont mientras ejercía el cargo de asesor», ha expuesto la Fiscalía. Ha solicitado que Buch, nombrado por Quim Torra en 2018, sea condenado por los delitos de malversación agravada y prevaricación, y Escolà, como cooperador necesario.
Este agente ocupó el cargo de asesor entre julio de 2018 y marzo de 2019. La Fiscalía considera que la designación era una tapadera para poder viajar a Bruselas a proteger al líder de Junts. Durante el juicio, ha reconocido que ayudó a Puigdemont en su huida al extranjero. Más tarde, acompañó al expresidente aprovechando sus días libres, las vacaciones y las bajas laborales. Con posterioridad, fue nombrado asesor. Y la Fiscalía sostiene que siguió actuando como escolta, como cuando era presidente de la Generalitat. Mientras acompañó a Puigdemont, lo exhibió en redes sociales. Este hecho, ha recibido duros reproches de la Fiscalía. «¿Puede alardear de acompañar a una persona que está en busca y captura? ¿Ese funcionario es ejemplar? ¿Lo detendría si esa persona llega a entrar en territorio español?», ha cuestionado.
Buch ha negado que la contratación de Escolà tuviera como objetivo dar seguridad al expresidente de la Generalitat. «Puedo decir rotundamente que no, nunca con el presidente Puigdemont hablamos del servicio de escoltas. En todo caso hablamos de la constitución de la oficina de expresidente, pero nunca hablamos del servicio de escoltas», ha afirmado. A su juicio, el expresidente de la Generalitat tenía derecho a que la administración le facilitara protección, pero ha negado que el Govern lo hiciera. El Ministerio le negó la protección por su condición de prófugo de la justicia. Puigdemont, en cambio, considera que le corresponde como parte de los privilegios que tienen asignados los expresidentes de la Generalitat.
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