La Fiscalía mantiene la acusación contable a Puigdemont por 3,1 millones en puertas del 12-M y la amnistía

El fiscal Manuel Martín-Granizo considera que hubo un menoscabo de fondos públicos en su escrito de conclusiones, después de que la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, le diera un plazo de 10 días para que presentara su informe definitivo. Una vez recibida la respuesta del Ministerio Público y de la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana, el tribunal dará traslado a las defensas para que se pronuncien.

La consejera Hernáez pidió el informe a la Fiscalía después de que el pasado enero rechazara suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que pretende perdonar más de una década del 'procés', como pedía el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC.

En el caso de Puigdemont, el escrito del fiscal considera que tiene una responsabilidad contable por su "participación y dirección de todos los proyectos, estrategias y procedimientos necesarios para desarrollar relaciones y actividades en el ámbito internacional, excediendo los límites de la promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña, que la Ley de Acción Exterior permite a las comunidades autónomas".

El Ministerio Público reclama 3,1 millones de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama cinco millones a 11 excargos del Govern. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos preventivos.

Entre los 35 nombres consta , además de Puigdemont, el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; ex consejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Asimismo, están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el ex secretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el ex secretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.