La Fiscalía investiga ahora si el hijo de la víctima del exmarido de Oltra está desprotegido

La alerta desde la Conselleria de Igualdad se produjo antes del pasado 17 de junio. La consellera Mónica Oltra dejó el cargo y su escaño en Les Corts cuatro días más tarde, después de conocer el auto del TSJ en el que se le imputaba por un supuesto encubrimiento de la denuncia con los abusos contra el ex.

La joven sufre graves aprietos económicos. Por un lado, no tiene trabajo. Pero, además, no recibe ninguna ayuda económica pese a los intentos que, según su entorno, se han hecho con la propia Conselleria de Igualdad.

Su pareja tiene ocupaciones ocasionales, pero no encuentra un trabajo estable, indicaron fuentes conocedoras de la situación. Actualmente reside en un piso de un familiar por el que, por suerte, no paga alquiler. Su padre, al parecer, acaba de salir de prisión y también estaría en ese domicilio. Y está a punto de dar a luz a otro niño.

La joven vive de ayudas económicas ofrecidas por particulares y del apoyo económico de José Luis Roberto, presidente de España 2000 y el abogado que la representa en su acusación contra la Conselleria de Igualdad. La investigación de la Fiscalía acaba de comenzar. El procedimiento puede terminar con que finalmente se reconozca su situación de desamparo, y que la Administración entregue al menor a una familia acogedora o en un centro de protección, donde la propia Teresa ha pasado toda su infancia y parte de la adolescencia.

La existencia de este expediente se ha conocido a raíz de una serie de documentación que se ha aportado al caso que se sigue en Instrucción 15 de Valencia donde se investiga el supuesto encubrimiento de cargos de Igualdad y de la propia Oltra de la denuncia de abusos contra su exmarido.

La Fiscalía de Menores ha remitido al citado órgano el expediente de la menor en la fecha de los abusos, finales de 2016 y principios de 2017. En ese dosier no constaba de manera íntegra un informe del centro Espill, especialista en la detección de episodios de abusos sexuales, en el que se cuestionaba a la víctima por su escasa credibilidad.

Este trabajo, según ha defendido siempre el ministerio público, no se aportó por Igualdad hasta dos años después. Precisamente ese dictamen fue el que llevó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a la repetición del juicio. Sin embargo, el acusado volvió a ser condenado a la misma pena: cinco años de cárcel y ahora con la agravante de parentesco. Está pendiente del Tribunal Supremo.

La investigación a Oltra ha regresado recientemente al juzgado de Instrucción 15 de Valencia después de que la vicepresidenta dimitiera de su puesto en el Consell y renunciara a su escaño en Les Corts. Todavía no ha sido citada a declarar tras quedar sin efecto la fecha que señaló en su día el TSJ. La consellera se marchó con críticas al sistema judicial y sintiéndose víctima de una persecución de la extrema derecha pese a que un juez, una fiscal y los magistrados del alto tribunal vieron suficientes indicios como para imputarla. No hubo autocrítica en su despedida.