La Fiscalía investiga a un concejal de Vox en Valencia por reclamar «plomo» para los inmigrantes

La Fiscalía de Valencia, por su parte, sigue con especial interés este tipo de actitudes, declaraciones y mensajes que aprovechan un momento de incertidumbre, fundamentalmente sobre un hecho delictivo, para tratar de generar una ola de miedo hacia los inmigrantes y que la reacción sea la violencia. Una estrategia peligrosa que persigue alterar el bienestar. En este sentido, la sección de Delitos de Odio del ministerio público ha abierto recientemente diligencias de investigación penal contra Daniel Furió, un edil de Vox de Paiporta que reclamó «plomo» para la población inmigrante.

La idea fue difundida, como ocurre en buena parte de estos supuestos, a través de la red social X (antes Twitter). «El que quiera terminar con la inmigración. Debe de cumplir con la ley, por lo cual, si alguien asalta nuestra frontera o entra de manera ilegal, hay que decirle, ¿atrás o plomo?. Si decide continuar hacia adelante, hay que aplicar el plomo...».El Ayuntamiento adelantó en su momento que denunciaría este comportamiento, tal y como finalmente hizo.

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal. Lo hizo hace apenas unos días, según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS. Desde entonces dispone de seis meses para analizar el asunto y practicar las diligencias que considere oportunas, entre ellas, la declaración del propio concejal, aunque sea en esta fase prejudicial. En el supuesto de que aprecie que existen indicios de delito llevará el caso a un juzgado de Instrucción. En caso contrario, decretará el archivo.

No son asuntos de gran complejidad técnica porque se trata básicamente de analizar si las declaraciones encajarían en el tipo delictivo.

No es la única responsable de Vox bajo la amenaza de la Justicia. Por ejemplo, la concejal de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero también tiene otras diligencias abiertas desde hace ya unos meses. PSPV y Compromís denunciaron mensajes de Herrero en redes por «racistas» y «xenófobos», mientras en otras comunicaciones la edil realizó un «llamamiento a la agresión» al presidente del Gobierno y miembros de su ejecutivo, siempre según la interpretación de estos tuits que efectuó la oposición en el Consistorio.

Y, por último, otro cargo afectado por investigaciones, en su momento de mayor relevancia, fue el de consellera de Justicia, responsabilidad que ocupó Elisa Núñez. Apenas unos días más tarde de su dimisión –y por tanto de la pérdida de su aforamiento– la Fiscalía incoó otras diligencias de investigación. En este caso a raíz de las declaraciones de la dirigente voxista sobre el último crimen de Gata de Gorgos.

Núñez ligó delincuencia con criminalidad. Lo articuló de esta manera: «Se trata de un nuevo y cruento recordatorio de que nuestra seguridad y nuestras vidas están siendo sacrificadas en nombre de los caprichos multiculturales de la izquierda». El mensaje hacía referencia a la procedencia de los detenidos, tres hombres de nacionalidad marroquí, según difundieron fuentes de la investigación. Asimismo, la entonces consellera -hoy ya fuera incluso del partido- acusó a la izquierda de «poner en peligro a nuestro pueblo con ceguera ideológica».

El PSPV presumió del resultado de su denuncia. El síndic José Muñoz, sin embargo, no apuntó hacia Vox sino al PP, en concreto, a Carlos Mazón porque «siempre se mantuvo firme aplaudiendo y apoyando las palabras racistas» de la dirigente. Esta investigación «afecta directamente al corazón del Consell de Mazón» pese a que Núñez ya no formaba parte del Ejecutivo cuando se publicó esta información.

La salida de Vox de los gobiernos autonómicos ha 'liberado' a los populares de ciertos planteamientos que sólo contribuían al granero de votos del partido de derecha radical. Era el caso, por ejemplo, de estos mensajes donde se criminaliza a la población inmigrante.