La Fiscalía investiga los avales de la Generalitat al 'procés'

Los hechos se producen un día después de que el Tribunal de Cuentas pidiera un informe a la Abogacía del Estado tras dudar de la legalidad de una operación en la que consideran que la Generalitat es «entidad perjudicada» y avalista al mismo tiempo. Una decisión que supuso un nuevo retraso al proceso y devolvió la pelota al tejado del Gobierno.

Un total de 29 de los 34 responsables encausados por el órgano fiscalizador del Estado se acogieron a ese aval, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepesidente Oriol Junqueras, con el fin de evitar sufrir el embargo de sus bienes personales. El Tribunal de Cuentas expreso entonces sus «dudas» sobre la «suficiencia y legalidad» de esta operación aprobada la semana pasada por el ICF tras una votación que dividió al organismo.

Antes de dar ese paso, la Generalitat había aprobado, a comienzos de julio, un decreto ley por el que establecía un mecanismo que en un primer momento preveía que una entidad bancaria avalara las fianzas, pero finalmente este apoyo no llegó de ningun banco.

Por ello, la denuncia de Carrizosa carga tanto contra el ICF y como contra el Govern al considerar los avales una «absoluta ilegalidad».También se dirige contra el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el consejero de Economía, Jaume Giró, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà. Sin embargo, en su caso, el fiscal superior de Cataluña ordena que se archive la denuncia sobre esas tres personas porque ya se están examinando los hechos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada su condición de aforados.

En el Gobierno catalán mantienen su defensa la legalidad del decreto que fija los avales. Su portavoz, Patrícia Plaja, insistió el martes en la «pulcritud jurídica» del fondo de 10 millones de euros con el que la Generalitat pretende que se abonen las fianzas de los investigados. Además, aún están pendientes de otro informe, el solicitado por el PSC, PP y Cs al Consejo de Garantías Estatutarias –órgano cuyas decisiones tampoco son vinculantes–, que esperan que les sea favorable.

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, también insitió que el aval del ICF «tiene una solidez jurídica total y absoluta» durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El conseller insistió en que será «muy difícil» que alguien diga lo contrario desde el punto de vista estrictamente técnico porque lo que avala el decreto, tal y como afirmó, «no es más que la presunción de inocencia».

El asunto se ha convertido en un nuevo frente de fricción en la política catalana. Ciudadanos mantiene en su denuncia que el decreto ley que establecía el mecanismo de los avales bancarios fue «el presupuesto habilitante para la realización de una operación fraudulenta». Todo para evitar que los investigados fueran embargados.

Desde Moncloa, la portavoz del Goberno, IsabelRodríguez, pasó de puntillas sobre el asunto tras la rueda de presna posterior al Consejo deMinistros del martes. «No es un asunto pacífico jurídicamente», afirmó, antes de reconocer que han iniciado «los mecanismos de consultas a los servicios jurídicos en el ámbito del análisis de las normas autonómicas».