El Supremo insta a Batet a decidir sobre la suspensión de los diputados presos

En un escrito de una hoja, el magistrado Manuel Marchena explica a Batet que dicha resolución fue comunicada «debidamente» al Congreso y que la «configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración de un informe requerido por la presidenta de la Cámara baja en cuanto a la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dicho precepto fue utilizado por el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, para suspender a los entonces diputados autonómicos catalanes en prisión preventiva cuando dictó el auto de procesamiento por un delito de rebelión, las dos condiciones exigidas para su aplicación. Por lo tanto, desde el Supremo entienden ahora que no se dan la circunstancias procesales para recuperar ese artículo, ya que nos encontramos en una fase posterior del procedimiento con la celebración del juicio.

Fuentes del alto tribunal señalan a este periódico que el informe reclamado por la socialista Batet es «inconcebible jurídicamente», que la separación de poderes hace «inviable» que el tribunal pueda realizar al Parlamento cualquier tipo de asesoramiento y que la presidenta debería saberlo porque para eso tiene unos servicios jurídicos a disposición de la Cámara.

En suma, existe un «indisimulado malestar» en la Sala que juzga al 'procés' por el embrollo causado por el Congreso, ya que consideran que el auto de 14 de mayo era «claro y conciso» y que el reglamento parlamentario regula el procedimiento suspensivo de los derechos y deberes de los diputados, añaden las mismas fuentes.