La Fiscalía Europea deja el 'caso Acuamed' y el juez ultima el cierre de la investigación

La fiscal delegada, Concepción Sabadell, ha justificado que la investigación fue iniciada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 más de dos años antes de que la Fiscalía Europea entrara en funcionamiento. Relata en su escrito que la empresa estatal, cuyo objeto social lo constituye la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas en la cuenca mediterránea, actuando a través de sus administradores, «pudo haber incurrido en graves irregularidades durante los procesos de contratación, ejecución y liquidación de obras correspondientes a diversos proyectos desarrollados durante los años 2007 a 2014».

Por lo tanto, todos los hechos son anteriores al 20 de noviembre de 2017 –relata–, por lo que, de existir un «potencial» fraude a las arcas de la UE este se ha producido fuera del ámbito temporal de actuación de este organismo. Para ello, la Sala Permanente que ha efectuado la revisión del caso no ha ordenado el inicio de la investigación y ha devuelto las actuaciones al juzgado.

Precisamente, su titular, el magistrado Manuel García Castellón, ha señalado en un auto de finales de marzo, tras conocer la postura de la Fiscalía Europea, que la instrucción está a punto de cerrarse tras seis años y medio. Por lo tanto, se espera que en próximas fechas tome una decisión definitiva sobre si propone juzgar a los investigados o decreta el archivo de las actuaciones.

Al igual que la polémica entre fiscalías por la competencia del 'caso Ayuso' –el contrato de las mascarillas que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa de un conocido de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuyo hermano se benefició de esta operación–, el 'caso Acuamed' también ha vivido un enfrentamiento entre el juez y la fiscal europea por la petición de información de la causa. No obstante, a una escala inferior que los graves reproches que dirigió la fiscal jefe comunitaria a la fiscal general española, Dolores Delgado, por saltarse la ley al dividir en dos los delitos investigados en el 'caso Ayuso'.

Desde el pasado verano, la fiscal Sabadell reclamó por escrito a García Castellón hasta en tres ocasiones poder conocer los pormenores de la presunta adjudicación fraudulenta de contratos «inflados» para obras hídricas y medioambientales entre 2007 y 2014, bajo los gobiernos de PSOE y PP. Pese a la tardanza sin motivo aparente, el juez finalmente accedió a colaborar en otoño.

Acuamed había recibido decenas de millones en subvenciones a través de los fondos de desarrollo Feder y préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Pero en 2018, a raíz de este caso, se detuvieron las transferencias. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude puso el foco en 15 proyectos en Tarragona, Alicante, Murcia o Almería, adjudicados a constructoras por la empresa dependiente ahora del Ministerio para la Transición Ecológica.

Sin embargo, todos los hechos de la 'operación Frontino', comandada por la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, se conocieron en enero de 2016, cuando Acuamed dependía del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, cuyo titular era el popular Miguel Arias Cañete.

Hubo 13 detenidos –cinco de ellos estuvieron en prisión preventiva–, decenas de registros y más de una treintena de imputados por la supuesta falsificación de certificaciones, facturas y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias, entre ellas FCC. Se indagan delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental o fraude.

La demora de la instrucción, la proactividad de las defensas y la lentitud de las diligencias (hasta noviembre pasado la Intervención General del Estado no se pronunció sin resultados sobre la contabilidad de varias obras) han sumido la causa en un letargo que beneficia a los principales acusados por retardo injustificado.

Uno de ellos es Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed, a quien le encontraron 100.000 euros en billetes en el registro de su casa aunque alegó que procedían de un restaurante suyo. Desde otoño de 2018, con el visto bueno de la Fiscalía, Mateo ha pasado a la acción revelando supuestos hechos delictivos, cargando contra los denunciantes y empleados públicos, y politizando las pesquisas. Tras más de seis años y medio, la investigación está ahora a punto de cerrarse.