La Fiscalía descarta que Puigdemont dirigiera las acciones terroristas de Tsunami

El departamento dirigido por Jesús Alonso considera que el tribunal central no es competente para investigar a Tsunami por un delito de terrorismo y que el juez se tiene que inhibir a los juzgados de Barcelona. Defiende, además, que los hechos delictivos llevados a cabo en el aeropuerto del Prat o en el puesto fronterizo de la Junquera (autopista AP-7) por activistas de Tsunami constituyeron de forma indiciaria desórdenes públicos agravados: el nuevo tipo penal surgido tras la derogación de la sedición.

En las 23 páginas de recurso, el fiscal Miguel Ángel Carballo detalla que en las diligencias abiertas hace ahora cuatro años "no han arrojado elementos que permitan sostener la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista", que es lo que justifica García Castellón para quedarse con la causa.

Tampoco existen indicios, añade el documento, de que en Tsunami "se hayan acreditado jerarquías, ni distribución de funciones de los investigados, ni la existencia de un órgano directivo -en el que según el juez podrían haber estado Puigdemont o la secretaria general de ERC Marta Rovira-, ni tampoco la perpetración concertada de diferentes hechos delictivos". Un requisito necesario, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para encontrarse ante una organización criminal.

Es más, para la Fiscalía Tsunami Democràtic "no deja de ser más que un mero perfil de Twitter", según los hechos que ha deparado hasta ahora la investigación, "y en su fase más avanzada una APP (aplicación móvil) diseñada para acceder a códigos QR que permitiera conocer los comunicados emitidos por esta supuesta entidad. Por lo tanto, rechaza de plano las referencias del juez, a partir de las pesquisas de la Guardia Civil, de que la plataforma era una estructura compuesta por "numerosas personas" y que tuvieran una finalidad terrorista.

En clave judicial, el Ministerio Público justifica la presentación del recurso de apelación - directamente a la Sala de lo Penal sin pasar por García Castellón- en la maniobra llevada a cabo por éste para obviar el informe que le pidió el pasado viernes al fiscal para valorar los indicios que había aportado días atrás la Guardia Civil sobre Tsunami. Un documento policial que señaló de forma individualizada a nueve personas detrás de las acciones de esta plataforma, pero en el que no estaba Puigdemont.

De forma posterior, el pasado lunes, y sin esperar a la valoración del fiscal, García Castellón no solo incluyó al expresidente catalán en la lista de investigados sino que acordó además hacerlo inicialmente por un delito de terrorismo o de desórdenes públicos con fines terroristas.

Una resolución judicial que tuvo efectos directos en la negociación que entonces llevaban a cabo Junts, el partido del expresidente, y el PSOE para aprobar la ley de amnistía al 'procés' y sus derivadas a cambio de los apoyos parlamentarios a la investidura de Pedro Sánchez.

El motivo es que hacer borrón penal al delito de terrorismo, como atribuyó García Castellón a Puigdemont, sí podría tener un efecto suspensivo en la futura cuestión prejudicial que plantee el juez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Lo sabía García Castellón cuando tomó la decisión de perseguir al líder del 'procés' por terrorismo sin consultar a la Fiscalía y lo corroboraron los integrantes de la mesa de negociación cuando conocieron su auto.

Para rematar, el recurso del fiscal Carballo no solo carga contra la falta de fundamentos para encausar a Puigdemont con elementos que "no se ajustan a la realidad", sino que califica de "ingenuo" que el juez invite a declarar de forma voluntaria a un prófugo de la Justicia desde noviembre de 2017 y reprocha que, si tan seguro está, no haya cursado aún el pertinente suplicatorio al Parlamento Europeo, dada su condición de aforado, para investigarlo.