La Fiscalía no ve delito en la campaña de Ortega Smith contra el «criminal» Largo Caballero

Esta campaña de descalificaciones se produjo en un contexto temporal coincidiendo con la retirada en el centro de Madrid de una placa de Largo Caballero, expresidente del Consejo de Ministros, ordenada por el consistorio madrileño el pasado 15 de octubre o la aparición de pintadas en la escultura del exlíder del PSOE ubicada en el Paseo de la Castellana.

Ortega Smith-Molina acusó a estos políticos en un pleno municipal el pasado 30 de septiembre «de ser los responsables de miles de muertes, de un golpe de Estado a la República, de amenazar con pistola en el Congreso, de asesinar al líder de la oposición (José Calvo Sotelo), de alentar con sus discurso la guerra civil o la dictadura del proletariado con Rusia». Unas palabras que el fiscal considera que están amparadas «por la libertad de expresión, de mayor amplitud cuando se refiere a personajes históricos involucrados en la vida política».

La denuncia partió de la Liga Española Pro Derechos Humanos, que detalló estos ataques del dirigente de Vox contra ministros de la Segunda República (1931-1936) por estar «directamente involucrados en fusilamientos extrajudiciales» y en las palabras del parlamentario de que «estaba dispuesto a demostrar (ante los tribunales) que dichas afirmaciones concuerdan con la realidad».

En el escrito del fiscal Navajas, al que ha tenido acceso este periódico, se reprocha que el denunciante, Francisco José Alonso, no concretara el tipo penal que, a su juicio, pudiera estar vulnerando el diputado nacional (aforado ante el Supremo) con estas descalificaciones. Recuerda, además, que la doctrina de la Sala Segunda (Penal) señala que no es posible abrir una causa a partir solo de supuestas informaciones periodísticas y añade que el Tribunal Constitucional considera que los «límites permisibles» a la crítica son más amplios en el caso de tratarse de personajes dedicados a la actividad pública.

En el caso de las llamadas 'trece rosas', de las que Ortega Smith-Molina dijo que «eran mujeres que torturaban, mataban y violaban vilmente», la Fiscalía del Supremo sí pidió a la Sala Segunda abrir una causa penal en julio pasado por un delito de odio. Un asunto que sigue pendiente de resolverse.