La Fiscalía avala la infiltración de los policías que han mantenido relaciones con sus espiadas

Este informe de la Fiscalía, que es el primer documento oficial del Ministerio Público sobre este tipo infiltraciones policiales que incluyen relaciones sentimentales, va más allá del caso concreto de Dani. Y es que además de este funcionario, en los últimos quince meses, diferentes colectivos han destapado a otros cinco policías nacionales (cuatro hombres y una mujer) infiltrados en ambientes de ultra izquierda de Barcelona, Girona, Madrid y Valencia. Prácticamente todos estos agentes durante sus infiltraciones mantuvieron relaciones afectivas con activistas de los grupos a los que espiaban como las que ahora 'bendice' la Fiscalía. No obstante, ninguno de estos otros policías llegó al extremo de Dani, quien además de acostarse con al menos ocho mujeres, se convirtió en pareja estable de dos de ellas durante su infiltración en el barrio barcelonés de Sant Andreu.

El agente que se escondía bajo la identidad de Daniel Hernàndez Pons fue descubierto a finales del pasado enero por 'La Directa', un medio online especializado en temas de investigación, que reveló además que había aprovechado durante casi dos años y medio (entre junio de 2020 y octubre de 2022) sin ningún tipo de escrúpulo de sus relaciones sentimentales y/o sexuales con mujeres del entorno antisistema y anarquista de Barcelona para obtener información.

Cinco de estas mujeres denunciaron a Dani y a su superior jerárquico en los servicios de Información de la Policía sendos delitos contra la libertad sexual, contra la integridad moral o torturas. La querella fue admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona, pero la Fiscalía no ve caso, porque investigar el tema, argumenta, sería tanto como llevar a cabo una investigación «prospectiva» porque no hay un solo indicio de delito.

El Ministerio Público, que remite a las denunciantes a presentar sus reclamaciones por la vía contencioso-administrativa y abandonar la vía penal, insiste en que la infiltración «constituye una técnica de investigación policial dirigida a la prevención y castigo del delito de la que todos los servicios de seguridad hacen uso». Y señala a las denunciantes algo evidente: una pieza central de la infiltración es «el engaño y el uso de identidad supuesta» para garantizar la «confianza necesaria para la obtención de información».

«Este juzgado no puede realizar una averiguación y fiscalización penal de investigaciones que no le competen y menos 'a ciegas'. Y ello, como se ha dicho, sería altamente peligroso, por lo que deben extremarse las cautelas», insiste el escrito de la acusación pública, que incide en no hay pruebas de que ninguna de las chicas fuera menor o vulnerable ni consta que ninguna de ellas «sufrieran cualquier limitación a su capacidad para consentir sexualmente».

La Fiscalía remarca que las relaciones con el 'topo' «no eran asimétricas», ya que las querellantes las «aceptaron libremente, sin violencia e intimidación» y mantuvieron el consentimiento durante su práctica.

«No solo es que no pudiera abusar de su condición de policía, que las querellantes desconocían, es que precisamente se dice, de forma positiva, que actuaba como un modelo de 'nueva masculinidad'», apostilla el Ministerio Público.

El fiscal abunda en todo apunta a que las relaciones sexuales y de amistad fueron «libremente consentidas», por lo que tampoco tendría encaje la infiltración en el delito contra la integridad moral, dado que el hecho de que el agente les ocultara su condición de policía no puede ser considerado «trato degradante» por mucho que las querellantes «tengan sentimiento de malestar a posteriori».

«El hecho de que puedan ser instrumentalizadas sexualmente puede ser moralmente reprobable y que un ente público, una empresa, o un colectivo lo asuma como práctica habitual puede tener otro tipo de consecuencias pero que no serán punibles en cuanto no tengan cabida en un tipo penal», zanja la Fiscalía.

El Ministerio Público también descarta que los hechos pudieran haber sido un delito de revelación de secretos, ya que no hubo interceptación de telecomunicaciones ni se sustrajeron documentos. Es más, recalca se desconoce qué clase de información facilitaron a Dani que pueda considerarse sensible, más allá de su ideología, que –afirma el acusador público- no era ningún «secreto».