La Fiscalía ataca a García Castellón: no hay «argumentos» para acusar de terrorismo a Puigdemont en Tsunami

El Ministerio Público critica que el instructor, que en las últimas semanas se ha convertido en el objetivo de la ira del independentismo, esté acusando al exjefe de Gobierno autonómico sin haber practicado «ninguna diligencia» nueva que aporte «dato nuevo alguno» de los vínculos de Puigdemont con la plataforma que promovió los graves incidentes de otoño de 2019, en protesta por la sentencia del procés. Entre ellos: el asalto al aeropuerto de El Prat, en Barcelona; el corte de la AP-7; o el cerco a la sede de la Jefatura de Policía de Barcelona, en Vía Laietana, que acabó con dos policías nacionales heridos de gravedad e incapacitados.

En el escrito -en el que la Fiscalía se suma a los argumentos de los recursos de las defensas de los imputados Marta Molina (dirigente de ERC) y Josep Lluis Alay ( jefe de la oficina de Puigdemont)- se llega a asegurar textualmente que la petición de que el Supremo se haga cargo del sumario sobre Tsunami es «totalmente injustificada e inmotivada, ante el nulo avance de la investigación» sobre los supuestos vínculos del expresidente y Wagensberg con la plataforma que el juez considera que tiene un carácter terrorista.

El fiscal Carballo llega a acusar a García Castellón de incurrir en «flagrantes contradicciones» en su intento de llevar a Puigdemont ante el Supremo porque -afirma- el propio juez en sus diligencias «se ha centrado en investigar, o acreditar más bien, las consecuencias de los actos de desorden público llevados a cabo en Cataluña a finales de 2019 por diversos colectivos y por varias personas», pero no «ha incidido en ninguna de las diligencias acordadas, ni practicadas, en la responsabilidad supuesta de los aforados (Puigdemont y el diputado de ERC ahora residente en Suiza)». Es más –critica la Fiscalía- el juez «ha extendido la práctica de diligencias a la acreditación de hechos que ni siquiera se recogen en los informes de inteligencia de la Guardia Civil, llevando a cabo una amplitud del objeto del procedimiento carente de justificación».

Insiste el Ministerio Público en que el magistrado trata de atribuirle a Puigdemont una «posición» de «autoridad incuestionable» en Tsunami con supuestos indicios que la Guardia Civil y la Fiscalía ven irrelevantes. Entre ellos –recuerda el fiscal- el juez considera «especialmente llamativa, como indicio incriminador» una conversación con un empresario sobre las protestas en la que afirma: «El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que yo siempre he dicho: perderemos».

Reprocha también la Fiscalía a García Castellón que sustente exclusivamente la acusación de terrorismo en nuevos atestados de los Mossos sobre la afectación de la protesta en el aeropuerto de El Prat, donde murió de un infarto un ciudadano francés; o la personación en la causa de los dos policías que fueron gravemente lesionados el 18 de octubre de 2019, durante los disturbios en las inmediaciones de la Jefatura de Barcelona.

La Fiscalía aprovecha su escrito para insistir en su tesis de que los hechos investigados en el sumario de Tsunami son solo constitutivos de desórdenes públicos agravados y que, en consecuencia, la causa debería enviarse a los juzgados de ordinarios de Cataluña. Así, reitera que el juez «no ha incidido en absoluto ni ha aportado dato nuevo alguno» sobre la supuesta implicación del expresident y de Wagensberg en la creación o impulso de la plataforma. El Ministerio Público subraya como «especialmente significativo» en lo relativo al exjefe de Gobierno catalán, que se le impute ser uno de los máximos responsables de Tsunami cuando «ni siquiera la Guardia Civil efectuaba atribución alguna de los hechos objeto de la investigación» a Puigdemont.

En el escrito, el fiscal también sostiene que el juez en los fundamentos de algunas de sus resoluciones «llega a confundir el fenómeno de Tsunami Democratic con los CDR cuando se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes». «Resulta relevante en este sentido cómo se atribuye en los informes de la Guardia Civil a alguno de los aquí investigados su interés en contactar y contar con la actuación de los CDR, exponente evidente de que no se trata del mismo fenómeno», añade.