La Fiscalía enmienda a García Castellón y le avisa de que «no es delito ser vasco»

Según el fiscal Carlos García-Berro, el juez con la reapertura de este sumario está amparando el propósito de las acusaciones populares de «realizar una suerte de inquisición general contra todo aquello relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen».

«No es delito ser vasco. No es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca. Y, por supuesto, no es delito que los abogados realicen cuantos gestiones consideren oportunas para tratar de favorecer la situación penitenciaria de sus clientes», reprocha el fiscal al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía –en su escrito en el que recurre la decisión del juez de reabrir esta investigación que él mismo cerró al aceptar los recursos de Dignidad y Justicia, la AVT y el PP- afirma que para la «restauración de la dignidad de las víctimas del terrorismo de ETA» es «menester que se dé por concluida la instrucción y podamos avanzar en la tramitación de la causa hasta el acto del juicio oral y el dictado de una sentencia reparadora».

«Todos los esfuerzos argumentativos de unos y otros y el afán por alargar la instrucción hacia ninguna parte o hacia algún lugar alejado de los fines de la Justicia y del interés de las víctimas devienen inútiles», reprocha el fiscal a los protagonistas de esta causa, que es en la que constan los contactos que el entorno de los presos de ETA mantuvo entre 2018 y 2021 directamente con el Gobierno a través del máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

El pasado 30 de enero García Castellón amplió el plazo de la instrucción hasta el 29 de julio para investigar chats presuntamente administrados por Sortu en Telegram en los que -adujo- se impartirían «directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA, promoviendo campañas y movilizaciones a favor» de los mismos.

Fue el pasado enero cuando el Ministerio Público le pidió al juez que acordase el procesamiento de los etarras Antón López Ruiz, alias 'Kubati', Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio, 'Pipe', así como el de los dirigentes de Sortu Haimar Altuna y Oihana Garmendia, y de la miembro de 'Kalera Kalera' Oihana San Vicente. Todos ellos están acusados de haber organizado un centenar de homenajes a exreclusos entre 2016 y 2019.

El fiscal recurre la reapertura ante Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional porque en esos chat que el juez considera claves investigar no «se impartieron directrices e instrucciones» ni hubo «actividad criminal de ningún género» en esas comunicaciones. Se trata, subraya, «de ciudadanos vascos conversando sobre la situación penitenciaria de presos de una banda terrorista que no existe y planeando estrategias para favorecer sus intereses».

Según la Fiscalía, de «ampararse esta imprudente línea de investigación estaríamos incurriendo en una investigación prospectiva». «No todo lo relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA es delito», zanja García Berro.